A partir de inicios de abril, comenzó una campaña que comenzó a vincular las criticadas AFP con el Censo de este año.
El llamado apunta a protestar por la existencia de estas Administradoras privadas de Fondos de Pensión a través de la negativa a contestar esta encuesta, proceso importantísimo para el país ya que los números que se obtienen con ella, además de los detalles que entrega a la población, permiten establecer cosas muchísimo más amplias que el establecer cuánta gente vive en Chile.
Es la base para poder realizar cálculos y establecer políticas públicas para mejorar distintos aspectos de la vida en nuestro país.
En ese contexto, para las personas que decidan sumarse a esta “iniciativa” arriesgan “una multa de una suma no inferior a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales”.
Esto equivale a cerca de 7 mil 587 y 151 mil 740 pesos.
De todos modos esta multa puede ser objetada ante el juzgado de policía local, pero esa circunstancia no libera a la gente de contestar el cuestionario. Por tanto, una nueva negativa podría conllevar a una segunda multa, y el valor de la sanción podría incluso doblarse.