La entrevista realizada en diciembre al ex presidente de Masvida que de seguro ahora quiere enterrar

"Cuando los resultados de la empresa son buenos el éxito es de todos, pero cuando las cosas no han andado bien, la responsabilidad es mía. Lo he reconocido ante los médicos accionistas en las últimas reuniones que hemos tenido y les he señalado que asumo mi responsabilidad", aseguró Claudio Santander en una entrevista realizada en diciembre.

La entrevista realizada en diciembre al ex presidente de Masvida que de seguro ahora quiere enterrar
Por:  El Dínamo

“Como presidente de Empresas Masvida, no es responsable final de las decisiones que tomó el directorio de la Isapre perteneciente al holding”. De esa forma Claudio Santander, hoy ex presidente de la firma, enfrenta a quienes lo han sindicado como el responsable de la crisis que está sufriendo esta Institución de Salud Previsional.

Su declaración ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, según publicó Radio Bío-Bío, estuvo centrada en evadir su total responsabilidad de la situación que actualmente tiene a la Isapre intervenida por el gobierno, en medio de diversos rumores de compra de parte de distintos actores.

En esta intervención se estableció, por parte de la Superintendencia de Salud, un “corralito”, donde ningún cotizante puede entrar ni salir de Masvida. Se han presentado denuncias por presentación de estados financieros falsos al mercado, y si bien se apunta a Santander como uno de los culpables, su visión es que los dichos y las alertas se han hecho para “enlodar a la compañía”, ya que sería conveniente para posibles compradores el que haya reducido su valor.

Sin embargo, Santander tuvo una postura sumamente distinta en el mes de diciembre, cuando fue entrevistado por la revista médica trimestral “Diagnósticos”, de Concepción, la que en su edición de marzo publicó la nota en la que el hoy ex presidente de Empresas Masvida aseguró que “asumo mi responsabilidad”.

En la entrevista, además aprovechó de plantear una serie de sugerencias que a su juicio podrían ayudar a afirmar el mercado de las Isapres, el que ha sufrido los embates de la judicialización de las alzas de los planes a partir del 2011. Si no se legisla, afirmó, el negocio de estas aseguradoras podría desaparecer.

A Santander se le consultó si existe algún tipo de autocrítica por el escenario económico de empresas Masvida, a lo que Santander contestó que “cuando los resultados de la empresa son buenos el éxito es de todos, pero cuando las cosas no han andado bien, la responsabilidad es mía. Lo he reconocido ante los médicos accionistas en las últimas reuniones que hemos tenido y les he señalado que asumo mi responsabilidad. Todo lo que hemos creado, una red de salud que genera mucho trabajo médico, no queremos perderla. Porque esa es la ventaja que van a tener a futuro los cotizantes”.

La consulta siguiente aborda el que si esta “responsabilidad asumida” en la crisis se relaciona con el proceso de expansión de la red de clínicas, y Santander opta por contestar que desde el 2005 se complicó la situación de las aseguradoras, lo que se profundizó con la judicialización de las alzas de los planes. A esto se suma la incertidumbre generada “tras el fracaso de la Comisión Presidencial de la Reforma de la Salud, que nunca llegó a buen término; nos dejaba en claro que la decisión de diversificar nuestra matriz y reforzar el crecimiento en el área prestadora, era el camino que nos iba a permitir salir adelante frente a la crisis que deberían afrontar las aseguradoras. Es por ello que el directorio que presido adoptó la decisión de aumentar el apalancamiento de la empresa, a fin de poder terminar los proyectos en marcha. Fue una decisión adoptada muy al límite de nuestras capacidades, pero fue la correcta”.

La estabilidad del sistema está en riesgo porque se enfrenta, según Santander a “un aumento de los costos de salud que no los puede traspasar a precio”. La judicialización equivaldría a las mismas utilidades del sistema, las que a fin de cuentas habrían ido a la baja, y para Santander se da una mala señal que es que el “sistema de judicialización gana más que todo el sistema asegurador”. Eso se complica con la determinación del Servicio de Impuestos Internos de rechazar el gasto de las empresas en la judicialización, por lo que el sistema “parte con un 35% de aumento de costos, que en los años próximos eso podría pasar a un 40%”.

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