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Contraloría cuestiona rol de ministros y cambio en uso de suelo en aprobación de Central Castilla

El organismo plantea que el Comité para la Agilización de Inversiones intervino activamente en el procedimiento ambiental del proyecto y dejó de lado su rol asesor. Además, investigará por qué no se realizaron algunas instancias de consulta ciudadana para determinar cambios en el uso de los terrenos en que se instalará la central termoeléctrica.

Por:  El Dínamo

La Contraloría entregóun informe sobre el rol de la seremi de Salud de Atacama en la aprobación de la Central Termoeléctrica Castilla,cuya autorización medioambiental fue otorgada en febrero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama.

Las pericias se realizaron a instancias del diputado radical Alberto Robles quien pidió conocer si los técnicos que cambiaron la calificación ambiental del proyecto de “contaminante” a “molesta” fueron conminados por algún ente o particular a tomar esta decisión. El ente contralor también unió a esa investigación una presentación hecha por el seremi de Salud de esa zona, Nicolás Baeza, quien solicitó un sumario administrativo por la filtración -a través de los medios de comunicación- de un correo electrónico en que se dirigía al jefe del departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, mostrando su intención de cambiar la calificación del proyecto y posicionarlo en términos ambientales como “molesto” y no como “contaminante”, como lo había decretado la administración anterior, lo que daba luz verde a su ejecución.

El documento de 30 páginas, fechado el 5 de septiembre de 2011 y firmado por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, se denomina “Informe en Investigación Especial Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama”  y hace hincapié en estas denuncias. Y en sus conclusiones sostiene que el segundo semestre de 2010 el Comité para la Agilización de Inversiones (CAI) -integrado en ese tiempo por los ministros de Economía, Juan Andrés Fontaine; Planificación, Felipe Kast; Obras Públicas, Hernán de Solminihac; Vivienda, Magdalena Matte; Transportes, Felipe Morandé; Salud, Jaime Mañalich; Agricultura, José Antonio Galilea; Minería, Laurence Golborne; Energía, Ricardo Raineri; y Medio Ambiente, María Ignacia Benítez- dejó de lado su rol asesor y participó activamente en la tramitación del procedimiento ambiental del proyecto, principalmente a través de Dieter Wunder, director del Comité de Agilización de Inversiones, del Ministerio de Economia.

A juicio del organismo, el CAI habría incumplido la función meramente asesora para la que fue creada por el gobierno, y tuvo un rol activo en la tramitación ambiental del proyecto. Según el mandato, de su creación, este comité tiene el objetivo de asesorar al Presidente de la República en la ejecución de las políticas públicas para la agilización de proyectos de inversión y servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos del Estado vinculados a dicha materia.

La investigación del ente contralor da cuenta de que representantes del CAI se reunieron con el gerente general de MPX Energía Ltda, Pedro Litsek, para manifestar, entre otros puntos, que el precedente de la fallida central termoeléctrica Barrancones era un “hecho excepcional y aislado y que no se debían extraer implicancias de ningún tipo”. De hecho, el CAI trabajó en la campaña de comunicación, tanto a nivel público como privado, para resaltar la importancia del proyecto tanto desde el punto de vista de la inversión que requiere la región y el país, como su aporte a la matriz energética nacional.

Cabe destacar que la Central Termoeléctrica Castilla -proyecto ligado al magnate brasileño Eike Batista- planea instalarse en la zona de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó, con una inversión de US$ 4.400 millones y tiene planificado inyectar 2.100 megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC). Según Contraloría, “atendida la intervención activa llevada a cabo por el precitado Comité de Agilización de Inversiones durante la tramitación del procedimiento ambiental del proyecto, es dable concluir que en la especie, aquel no se ha limitado a una función meramente asesora, naturaleza que tendría de acuerdo con el tenor del instructivo presidencial GAB. PRES, N° 002, de 2010″.

Cambios al plan regulador

Otro aspecto que cuestiona es el proceso de cambio en el plan regulador de Copiapó que determinó una variación en el uso de suelo del sector de Bahía Salado, que es donde se instalará la central termoeléctrica. La institución señaló que en ese proceso se omitieron diversos trámites de consulta ciudadana. Por ello, el organismo afirmó que investigará mediante un proceso disciplinario que determinará quiénes fueron los responsables administrativos de esta decisión.

“En lo concerniente a la modificación del Plan Regulador de Copiapó, sector Bahía Salado, Punta Cachos, se advierte la omisión de diversos trámites exigidos por la normativa vigente (…) que por lo demás dicen relación con las instancias de participación de la comunidad en ese procedimiento, circunstancias que serán investigadas mediante el respectivo proceso disciplinario que esta Entidad Superior de Control instruirá, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas”, afirma la Contraloría en el documento.

Esta decisión fue polémica dado que el suelo de la zona en que se instalará la central no era considerado apto para este tipo de industria, algo que cambió una vez modificado el plano regulador, lo que generó bastante oposición en una zona considerada como fundamentalmente turística.

Eso sí, respecto a una de las principales denuncias, el informe descartó la existencia de presiones a las personas que participaron en la elaboración y visación del informe que cambió el pronunciamiento de la anterior seremi de Salud de Atacama del gobierno de Michelle Bachelet, María Pilar Merino, y recalificó al proyecto “Central Termoeléctrica Castilla” de “contaminante” a “molesta”.

A juicio de Contraloría “cumple señalar, que con independencia del iter que supone toda formacion de una voluntad administrativa, que puede involucrar el planteamiento de divergencias maxime cuando participan diversos profesionales, éstas no se han demostrado como presiones, en cuanto no hubo representaciones incursadas durante la tramitación del procedimiento, y estas se formularon con bastante posterioridad por funcionarios que las hicieron por medios distintos a los regulares, sin que pueda esta Entidad de Control, al solo merito de quienes controvertían la decisión valorarlas como presiones que pudiesen representarse como indebidas, mas aún cuando en materias como las que se trata pueden existir valoraciones individuales que no deben afectar el funcionamiento de la Administración”.

En tanto, respecto a la consulta de si estas presiones alcanzaron también a funcionarios del Servicio de Evaluacion Ambiental de Atacama y de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama) regional, el organismo afirmó que “se debe manifestar que el solicitante no indica en su presentación, en forma clara y precisas, los hechos constitutivos de la denuncia, de manera que, sin contar con tales antecedentes, esta Entidad de Control no se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el particular“.

Pese a que el informe intenta dilucidar principalmente si hubo presiones durante esta administración, la Contraloría reconstruyó cronológicamente el proceso desde que la administración de Michelle Bachelet estaba en el gobierno. Por ello, la entonces seremi Merino -quien calificó como contaminante el proyecto- reconoció que no hubo presiones de ningún tipo ante su decisión, aunque recordó que el entonces jefe de gabinete del ministerio del Interior, Carlos Mladinic, la llamó para preguntarle si podía hacer algo respecto de la calificación ambiental de Castilla, a lo que ella le contestó que “no había nada que hacer”.

Respecto a la presentación de Baeza, la Contraloría aclaró que “es menester señalar que también se constató la vulneración del artículo 25, del decreto N° 83, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, que prevé que las instituciones regidas por la citada norma, deberán impartir instrucciones respecto al uso seguro del correo electrónico, cuestión que deberá ser regularizada a la mayor brevedad”.

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