Opinión

Dar el ejemplo

Hace algo más de un año, antes de las elecciones presidenciales, escribí sobre el enorme e insostenible gasto que significan las exorbitantes remuneraciones de los empleados estatales desde el presidente hasta los suches y el injustificado tamaño de la administración pública para un país de nuestro tamaño.

Lo correcto es que el promedio de remuneraciones de la administración pública no supere al promedio de las del país. AGENCIA UNO/ ARCHIVO
Lo correcto es que el promedio de remuneraciones de la administración pública no supere al promedio de las del país. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Creo que no abundaré si cito una parte de ese artículo: “…tenemos como 420.000 empleados públicos (uno por cada 45 narices) cuyos sueldos derivan en un gasto público de la friolera de $14.540.000 millones, … (ya que) …cada empleado público estadísticamente gana $ 34,6 millones al año.”; y las cifras hoy son mucho mayores. Todos los candidatos sin excepción prometieron reducir drásticamente los salarios de ministros, subsecretarios, diputados, senadores y otros altos cargos en caso de ser ganador/a de los comicios y subir al poder. Algunos aseguraron reducir el tamaño del estado, la cantidad de ministerios, el enjambre de asesores y asignaciones adicionales a las remuneraciones para gastos.

Gabriel Boric, candidato de la extrema izquierda, salió ganador y tomó la batuta hace unos siete meses, tiempo suficiente para comenzar a economizar la administración de Estado. Entre tanto la situación económica del país – y, como siempre, del segmento más vulnerable – sufrió un empeoramiento considerable sin vislumbrar por el momento la más mínima señal que el declive se invierte. Encima, en vez del lógico y cabal ajuste necesario, se disparó la cantidad de nuevas contrataciones a cargos públicos: groseramente remuneradas, totalmente innecesarias y burdamente “apitutadas”…

Es una cosa tan elemental como lógica y, principalmente, necesaria además de inevitable, que cuando en una familia las cosas van mal porque los sueldos, ingresos, disponibilidades bajan, se hagan todos los ajustes necesarios en los gastos; se dejen de adquirir cosas prescindibles; se economice todo lo que se pueda hasta que la situación cambie y permita retornar paulatinamente al nivel anterior. Exactamente lo mismo vale para un Estado, administrador de un país. Y nuestro país tanto en lo económico como en lo político hoy está sufriendo una crisis no vista en los últimos decenios.

A pesar de buscar, no encontré en el correctamente rechazado borrador de la nueva Constitución nada que se refiera a limitar el tamaño del Estado a lo exactamente necesario, ni a limitar las remuneraciones a lo estrictamente correcto de los servidores públicos. Es injusto y atenta contra los derechos de la ciudadanía que aquellos que administren el producto de sus esfuerzos, reciban una contribución superior que los pagadores de impuestos; impuestos de los que, entre otras cosas, salen sus salarios.
 
Lo correcto es que el promedio de remuneraciones de la administración pública no supere al promedio de las del país. Lo correcto es que en tiempos de crisis sea el Estado que muestre el ejemplo de austeridad, reduzca el aparto público a lo imprescindible y gaste solo lo absolutamente necesario para cumplir con sus funciones. Lo apropiado es que las y los miembros de élite de la gestión estatal: Presidente, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, intendentes y sus asesores y principales subalternos auto-limiten sus sueldos y gastos al mínimo necesitado, no solo porque el país lo necesite sino también para demostrar que merecen ocupar los puestos a los que fueron elegidos o designados por las y los elegidos.

Esto sería una base que además de ennoblecer a nuestros administradores daría un ejemplo a seguir y marcaría el comienzo de una recuperación de la fe en las instituciones, los políticos y el Estado; algo que hoy es prácticamente inexistente. Sería un comienzo para que el mundo cambie su visión actual y recupere la admiración que tenía de nuestro país. Sería la reanudación de la confianza de inversores, que volverían y crearían centenares de miles de trabajos. Sería el comienzo de una frenada brusca al deterioro y el comienzo de una rápida recuperación de la senda del desarrollo.

¿Comprenderá nuestro Gobierno y políticos lo que señalo? ¿Tienen estas mujeres y hombres que ocupan hoy los puestos a los que me refiero la sensatez, la honestidad, la fuerza para actuar? ¿Disponen de la inteligencia y voluntad para sacrificar sus privilegios en pos del bien general? Por los signos que veo hoy, tengo mis serias y justificadas dudas. Ojalá esté equivocado.

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