Opinión

Desmenuzando el texto refundacional, sexta parte: caos de subsistencia

Todas estas normas introducen variables de incertidumbre que harán imposible la inversión en la agroindustria, los salmones, la minería, y todo lo que tenga un componente calificado como bien común. Nadie y resulta obvio, querrá quedar sujeto al arbitrio de la administración, la que se conforma y lo hemos visto, por gente ideologizada.

El Plebiscito Constitucional de Salida tendrá lugar el 4 de septiembre próximo. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El Plebiscito Constitucional de Salida tendrá lugar el 4 de septiembre próximo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El texto refundacional que se votará en septiembre, y que lamentablemente poca gente ha leído, nos llevará a un caos de subsistencia, el que resulta del todo inexplicable.

Nuestra economía no es autárquica, es decir, no podemos permitirnos como sí lo puede hacer Rusia, Brasil o Estados Unidos, de cerrarnos y producir para nosotros mismos, por la simple y sencilla razón de que consumimos bienes que no producimos, y explotamos otros que no necesitamos, o si necesitamos, lo hacemos en una cantidad menor a la que producimos.

Además, lo poco que producimos, sea para nosotros o para terceros (otros países) requiere de inversiones, y también de infraestructura la que debe construirse, mantenerse y financiarse con recursos que o son pagados por el Estado con cargo a los impuestos de todos o son concesionados a terceros, que por hacerlo cobran lógicamente una tarifa – precio público o peaje -. 

Es decir, nuevamente personas (generalmente jurídicas = empresas) deciden poner sus ahorros o su capacidad de crédito al servicio de una industria. Para hacerlo, evidentemente revisan la estabilidad de las instituciones, la certeza jurídica del país, el costo de la inversión, los impuestos, y el margen de rentabilidad que les queda, considerando la inflación. Es en ese orden. Nadie en sus cabales pone un peso en un país en que el orden constitucional, que es la base de todo el ordenamiento jurídico, está en permanente cambio. Menos cuando no hay certeza en los derechos, esto es, cuando el político de turno puede expropiarle lo invertido, o caducarle los derechos que legítimamente adquirió. Tampoco lo harán, si los costos o los impuestos que deben pagar hacen inviables su proyecto. Preferirán invertir en otro lugar. Si ya invirtieron, y los políticos del lugar perdieron la cordura, como ocurrió en Chile, y le entregaron la redacción de las bases de la institucionalidad a un grupo que además de no tener la suficiente preparación, representa solo a un sector, específicamente al que mira con recelo, desconfianza y hasta odiosidad al empresario que invirtió, lo que ocurrirá será que estos harán la pérdida, cuestión que pasó en Venezuela y también en Argentina. Dejarán que el Estado, que no tiene las competencias ni los recursos se haga cargo. La gente inevitablemente se hará más pobre y los políticos tendrán más poder. La economía decrecerá, y la población de ese país, y lo anticipo, pasará hambre. Tendrá problemas para subsistir, puesto que el dinero no le alcanzará por la inflación - no habrá suficiente producción -. En otras palabras, se pasará a depender de otras economías.

Todo esto que digo, y que quienes se refugian en la ideología y no aplican la racionalidad, declaran que les da lo mismo, porque al final del día, son políticos, pasará si el texto refundacional que se votará en septiembre se aprueba, porque no solo pone en jaque todas las inversiones que se han hecho, sino que impedirá que éstas se sigan realizando.

Parece película de terror. Más de alguno comentará que es la típica estrategia del “facho”. Pero, aunque les moleste, soy lo menos fascista que hay, porque no creo en el Estado que es lo que caracteriza al fascista, sino en la libertad individual. Me baso en lo que el mismo texto refundacional dice. 

En efecto, este parte por establecer que se restituirán territorios a los indígenas, sin hacerse cargo de lo que ocurrirá con las empresas (no pocas) que están emplazadas en esos territorios, los que por lo demás ni siquiera están definidos (artículo 100, 102). Agrega que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un todo inseparable (artículo 8), que la naturaleza tiene derechos (artículo 127), que constituye un bien común natural el mar, el fondo marino, los bosques, el subsuelo y los demás que declare la ley, que el agua será inapropiable, y que el Estado sólo puede otorgar autorizaciones administrativas temporales de los bienes comunes, sujetas a causales de caducidad y revocación (artículo 134), cuestión que se reitera cuando se regula la explotación de los minerales, en la que se acentúa que la exploración y explotación debe sujetarse a una regulación que considere su carácter finito (artículo 145). Todas estas normas, introducen variables de incertidumbre que harán imposible la inversión en la agroindustria, los salmones, la minería, y todo lo que tenga un componente calificado como bien común. Nadie y resulta obvio, querrá quedar sujeto al arbitrio de la administración, la que se conforma y lo hemos visto, por gente ideologizada, que además de no tener las competencias que el cargo amerita, les importa cero echar abajo inversiones millonarias, aduciendo argumentos políticos y no técnicos. 

Más Noticias

Más Noticias