Opinión

Educación en la Convención: asignatura pendiente

El debate en torno a la educación no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas, por lo que preocupa que cada uno llegue con una propuesta propia que no considere el bienestar de la ciudadanía. 

La educación quedó bajo el alero de la comisión que discutiría los derechos que emanan de la dignidad humana. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La educación quedó bajo el alero de la comisión que discutiría los derechos que emanan de la dignidad humana. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  Francisca Figueroa

Grandes anuncios proclamaban algunos convencionales a poco de haberse instalado la Convención, sobre las modificaciones al modelo educativo que se efectuarían con la nueva Constitución. A juicio de varios, la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución del 80 no tenía comparación internacional y sometía al sistema público a la imposibilidad de mejorar, a menos que se produjera la eliminación del financiamiento a la libre elección de los padres.

Varios constituyentes, que muchas veces justificaron sus posiciones en el respeto de los tratados internacionales de derechos humanos, olvidaron fijarse que decían estos en lo relativo al derecho a la educación, particularmente en el resguardo del derecho y deber preferente de los padres en la educación de los hijos. Así, cuando se hizo la indicación respecto de la inclusión de este derecho en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales, la mayoría de los convencionales la rechazó, desconociendo para partir la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que, a raíz del abuso de la educación que hizo el estado nazi, incorporó como derecho humano fundamental, el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos, para que ningún otro Estado pasara a llevar las decisiones preferentes de estos.

Dada la importancia que representa la educación para cualquier país, un grupo de instituciones solicitaron que este tema fuera visto en forma especial y no a través de la Comisión de Derechos Fundamentales. No obstante, dicha iniciativa no prosperó, y la educación quedó bajo el alero de la comisión que discutiría los derechos que emanan de la dignidad humana, generando grandes expectativas en torno a los expositores de las audiencias, especialistas en el tema.

No obstante, no ocurrió así. De las, alrededor, de 200 solicitudes de audiencias en esta materia, sólo diez fueron llamados a exponer; de estos, siete expusieron en la salida territorial a la región del Biobío. Los otros tres restantes fueron llamados sin mediar procedimiento ni transparencia alguna, desconociéndose hasta hoy qué criterios se utilizaron para la elección.

La Comisión de Derechos Fundamentales -probablemente la más importante en términos de expectativas ciudadanas- terminó con las audiencias en forma anticipada mientras otras comisiones continuaban. Así, en lugar de recibir a la ciudadanía, prefirieron dar lugar a nuevos discursos de los convencionales, de los cuales no se produjo conversación, deliberación, ni acuerdo alguno.

Es probable que este escenario tan incierto, así como poco transparente explique la gran cantidad de iniciativas populares de norma en materia de educación, lista que encabezan dos propuestas que ya alcanzaron las 15.000 firmas, y que, junto con proteger el derecho a la educación, reconocen el derecho y deber preferente de los padres sobre la educación de los hijos, así como la libertad de enseñanza para que este derecho sea plenamente efectivo. 

El debate en torno a la educación no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas, por lo que preocupa que cada uno llegue con una propuesta propia que no considere el bienestar de la ciudadanía. 

A pesar de los problemas, hay esperanza. La sesión de la Comisión de Derechos Fundamentales del martes pasado mostró una nueva cara, la del verdadero debate y la posibilidad de llegar a acuerdos. Esperamos que la soberbia de ciertos convencionales, así como la poca transparencia que medió en el proceso de dicha instancia, no empañen el gran acuerdo que necesita la educación en nuestro país: urge mejorar la calidad de la educación pública sin perjudicar el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos; y que las próximas etapas del proceso estén marcadas por la necesidad de llegar a acuerdos que beneficien a todos los chilenos y no a un grupo de convencionales que defienden intereses para sí. 
 

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