Opinión

El borrador constitucional y las TICs

Los cambios de mayor impacto vienen en el manejo de datos personales. El borrador contempla múltiples miradas respecto a lo que es la información privada y la privacidad en sí misma.

El borrador constitucional presenta avances importantes en materia de TICs, pero aún es necesario alinear sus propuestas y objetivos. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El borrador constitucional presenta avances importantes en materia de TICs, pero aún es necesario alinear sus propuestas y objetivos. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  Jonathan Frez

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) están presentes de diversas formas en el borrador de nueva Constitución que hoy atraviesa sus procesos finales antes del plebiscito del 4 de septiembre: si bien incorpora avances importantes, también quedan dudas que despejar.

Los cambios de mayor impacto vienen en el manejo de datos personales. El borrador contempla múltiples miradas respecto a lo que es la información privada y la privacidad en sí misma. En el artículo 295, se declara la información privada como datos personales individuales o comunitarios; en el 252, que toda forma de comunicación es privada e inviolable. El problema se presenta respecto al tratamiento de los datos: estos mismos temas están presentes en un proyecto de ley actualmente en tramitación (boletín 11144-07) y es importante marcar las diferencias entre éste y la propuesta constitucional. El proyecto establece como lícito el tratamiento de datos personales cuando el usuario lo autorice; en cambio, el borrador indica que el tratamiento de datos personales solo podrá efectuarse en los casos que la ley lo permita. Es decir, sin una ley que permita el tratamiento de datos comerciales, un e-commerce no podrá analizar el historial de compras de sus clientes para ofrecer productos o servicios adecuados a sus necesidades, y también se verán afectados múltiples servicios que hoy analizan información de sus clientes para proveer de servicios personalizados. Esto por supuesto pone en serias desventajas al comercio electrónico local respecto a sus competidores internacionales. 

También existen inconsistencias que es necesario resolver. El proyecto de ley abarca todo tipo de información no regulada por otras leyes, por lo que, de aprobarse, no tendría sentido referirse al tratamiento de datos en el artículo 295 de la Constitución: en todos los casos la información podría ser tratada con autorización de la persona. Asimismo, ambas propuestas plantean una Agencia de Protección de Datos Personales con capacidad de fiscalización y sanción; sin embargo, el proyecto de ley la declara como sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, en cambio el borrador propone que sea autónoma.

En tanto, el borrador contempla la modernización del Estado como un deber constitucional. El artículo 223 establece que el Estado definirá los mecanismos de modernización y su organización, ajustándose a condiciones sociales y culturales, adoptando las medidas necesarias para la incorporación de avances tecnológicos. El problema comienza inmediatamente después: el artículo 224 propone encomendar a un organismo el diseño, monitoreo e implementación de los planes, lo que no permite pensar bien cómo organizar al Estado para llevar adelante la titánica tarea de su modernización. En esta materia, el borrador agrega más desafíos: por ejemplo, el artículo 292 indica que toda persona o pueblo tiene derecho a comunicarse en su propia lengua. Si pensamos solo a nivel de trámites digitales, hablamos de tener plataformas en múltiples idiomas y ni siquiera está claro que estén restringidas a lenguas nacionales. 

Y el punto más fuerte de la propuesta se encuentra en el artículo 495, que obliga al Estado a utilizar los mejores avances de las ciencias, tecnologías, conocimientos e innovación, conduciendo claramente a la necesidad de dotar de una capacidad de evaluación de avances en materias científica tecnológicas a las instituciones. Sin embargo, lo anterior puede negativamente decantar en una obligación de adquisición de las mejores tecnologías, lo cual podría ser objeto de cuestionamientos ante licitaciones públicas que normalmente operan bajo especificaciones técnicas y de costos.

Finalmente, respecto a la conectividad y telecomunicaciones, el artículo 466 indica que todas las personas individual o colectivamente tienen derecho a acceso universal, a la comunidad digital, y a las tecnologías de la información y comunicación. Esto se alinea con los derechos digitales indicados por la ONU como parte de los derechos humanos y es positivo que tenga prioridad constitucional, puesto que tenemos literalmente miles de colegios y estudiantes sin acceso a internet. En este aspecto, solo faltaría alinear los criterios de las estadísticas para que coincidan con los de la OCDE, sobre todo en lo que se refiere a conexiones residenciales versus conexiones fijas: no basta con que una persona tenga conexión en su celular para que el hogar se considere “conectado”, la conexión fija es la que no se va en el bolsillo.

Así, el borrador constitucional presenta avances importantes en materia de TICs, pero aún es necesario alinear sus propuestas y objetivos, tanto internamente como con los proyectos de ley en discusión y con criterios internacionales. 

Jonathan Frez,
director de Posgrado, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP
académico Escuela de Informática y Telecomunicaciones UDP

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