Opinión

El presidente pingüino y sus énfasis en educación

Diez mil millones de dólares –se ha dicho costaría– la condonación del CAE, la eliminación del FSCU y el aumento de los aportes basales a las universidades estatales. Una cifra estratosférica que se gastaría en varios años, pero que muestra cuáles son los énfasis educativos del Gobierno.

Una comisión de expertos externos del Mineduc dictaminó que varias fundaciones que trabajan con niños y jóvenes excluidos del sistema escolar, no tendrían financiamiento este año. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Una comisión de expertos externos del Mineduc dictaminó que varias fundaciones que trabajan con niños y jóvenes excluidos del sistema escolar, no tendrían financiamiento este año. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Veintisiete millones de dólares se destinaron al programa “Seamos Comunidad”, que fue anunciado con bombos, platillos y tuiteos desde el Ministerio de Educación y mencionado en su primera cuenta pública por “el presidente estudiante”, como llamó Rafael Gumucio a Gabriel Boric. Veintisiete millones de dólares, un monto que debe alcanzar para reparar las profundas fracturas síquicas, pedagógicas, académicas, que dejó la pandemia en las comunidades escolares. Pero que además incluye la reparación de infraestructura. También contempla medidas que adviertan el potencial abandono escolar; poco dice, algo, sobre la recuperación de las trayectorias escolares truncas. 

O sea,  excluye a los excluidos; esos que brillan por su ausencia en las medidas y deben ser absorbidos –si es que quisieran serlo– por lo que en la jerga ministerial se llama las “EPJA”, Establecimientos para Jóvenes y Adultos. Los excluidos son esos niñas, niñas y jóvenes a los que la pandemia obligó a apoyar económicamente a sus familias y buscarse las monedas como fuera, a los que deben cuidar a sus hermanos mayores, abuelos o a algún familiar con alguna discapacidad, a las que fueron madres, a los que tiraron la esponja frente a un sistema educativo inflexible y discriminatorio con “los problemáticos”, “los jodidos”, “los flaites”. 

Ad portas del invierno, aún no sabemos cuántos son. Previo a la debacle provocada por el COVID-19 eran 186 mil, en 2020 el propio Ministerio indicó que la pandemia había dejado fuera a otros 40 mil. Qué pasó en 2021 y cómo se han dado las cosas este año... aún no sabemos. Hay que esperar los datos oficiales. 

Diez mil millones de dólares –se ha dicho costaría– la condonación del CAE, la eliminación del FSCU y el aumento de los aportes basales a las universidades estatales. Una cifra estratosférica que se gastaría en varios años, pero que muestra cuáles son los énfasis educativos del Gobierno. Coherentes con el pasado pingüino del presidente estudiante que alcanzó notoriedad luchando por educación superior de calidad, universal y gratuita… en un país donde cinco millones de adultos no han terminado los 12 años de educación obligatoria. 

Extraño reparto de la torta. Tan extraño como los opacos resultados de los fondos concursables a los que deben postular las organizaciones que se dedican a recuperar las trayectorias educativas de los excluidos. Este año, inspirados por el recelo hacia las instituciones del tercer sector –eso que se conoce como la sociedad civil organizada– y convencidos de que el Estado es el llamado a ocuparse de lo social, cuestión que nadie discute pero que es una utopía, dada la realidad económica del país, una comisión de expertos externos del Ministerio de Educación dictaminó que varias fundaciones que llevan años trabajando con niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema escolar, no tendrían financiamiento este año. No calificaban. Por qué. Un misterio. 

Un Ministerio, donde las evaluaciones transparentes deberían ser parte de su día a día, opta por la opacidad. Rara forma de educar, incluir y reparar las trayectorias escolares rotas de la niñez y juventud más vulnerable de Chile.  
 

Ximena Torres Cautivo

Periodista y escritora.+ info

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