Opinión

Formalizando al informal y castigando al ilegal

La evidencia es tajante. Según Aduanas, el año pasado se incautó casi 11 millones de productos falsificados, mientras que en 2022 se incautaron más de 7 millones. 

Se deben proveer las plataformas necesarias para que, con la información y fiscalización adecuada, se logre suprimir el comercio ilegal. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Se deben proveer las plataformas necesarias para que, con la información y fiscalización adecuada, se logre suprimir el comercio ilegal. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  María Jesús Barrientos

Días atrás, el INE dio a conocer la tasa de ocupación informal del trimestre abril-junio de 2022. Esta se ubicó en 27,1%, aumentando 1,1 puntos. Según sector económico, el incremento se debe en especial a quienes trabajan en el comercio (16,2%).

Lo anterior es preocupante y de evidencia diaria, ya que basta con caminar por las calles, usar el transporte público, o prender el televisor, para darnos cuenta del desborde y afectación social asociados a la operación informal o ilegal de ciertos comerciantes.

Tampoco es neutro que tras esto exista una real “industria ilegal”, debiendo diferenciarse la situación del pequeño comerciante de las verdaderas asociaciones ilícitas, como el contrabando, el robo y comercialización ilegal de madera, y la falsificación de documentación tributaria.

La evidencia es tajante. Según Aduanas, el año pasado se incautó casi 11 millones de productos falsificados, mientras que en 2022 se incautaron más de 7 millones. Y, según la Corporación Chilena de la Madera, en los últimos cuatro años el robo de madera se ha cuadruplicado.

Resulta pues clave enfatizar en la -hoy escasa- prevención, control y persecución de la cadena de comisión del delito por parte de los entes fiscales. 

Respecto del comercio informal ambulante, se debe controlar a quienes importan los productos que posteriormente son ofrecidos en los espacios públicos, ya que ahí se inicia la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, al subvalorarse el bien y posteriormente venderse en negro, incumpliéndose los requisitos legales y administrativos de la comercialización.

Respecto a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se deben reformar las labores de fiscalización de actividades ilícitas vinculadas a la producción y comercialización de madera de origen ilegal, como a su vez robustecer la fiscalización del SII en relación con la emisión de facturas falsas -cuyo claro objeto es la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, como así también el blanqueamiento de su origen ilícito.

Al pequeño comerciante se debe proporcionar orden, espacio y educación respecto a sus obligaciones, siendo la municipalidad la encargada de instruirlo. Por su parte, para formalizar su actividad, deben emitir boletas electrónicas con la finalidad de controlar las ventas para establecer el monto de la patente y así, la conducta que desplieguen, no se enfrente a la figura de un delito tributario.

Gran expectación generan, por lo tanto, las recientes medidas adoptadas, como la creación de la comisión investigadora del robo de madera en la macrozona sur y la propuesta del proyecto de Reforma Tributaria, que propone modificar el catálogo de delitos tributarios, extendiendo la pena del comercio ilegal a quien almacene o transporte las mercaderías con el fin de venderlas o distribuirlas. También mencionemos los $3mil millones del presupuesto 2022, destinados por el Gobierno al Plan de Acción para el Control y Fiscalización del Comercio Ilícito y Callejero.

Como vemos, la transición entre la informalidad a la formalidad es una tarea ineludible para el país. Se deben proveer las plataformas necesarias para que, con la información y fiscalización adecuada, se logre suprimir el comercio ilegal, fortaleciendo con las herramientas necesarias a los pequeños comerciantes que sí quieren contribuir al país y, por otra parte, reprimiendo vigorosamente el comercio de mercaderías de origen ilícito.
 

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