Opinión

Hacia un nuevo escenario tributario internacional

La pandemia del COVID19, más allá de su impacto en la salud, ha dejado en evidencia o visibilizado mejor un montón de circunstancias que antes pasaban más desapercibidas, y ha cambiado el orden de las prioridades.

Desde el punto de vista fiscal, todos los estados, sin excepción, han invertido cuantiosos recursos para capear la compleja coyuntura y reactivar la economía.
Desde el punto de vista fiscal, todos los estados, sin excepción, han invertido cuantiosos recursos para capear la compleja coyuntura y reactivar la economía.
Por:  Juan Pablo Glasinovic Vernon

La pandemia del COVID19, más allá de su impacto en la salud, ha dejado en evidencia o visibilizado mejor un montón de circunstancias que antes pasaban más desapercibidas, y ha cambiado el orden de las prioridades.

Desde el punto de vista fiscal, todos los estados, sin excepción, han invertido cuantiosos recursos para capear la compleja coyuntura y reactivar la economía.

Esto ha dejado sus presupuestos en rojo y las finanzas fiscales sin margen de maniobra para sostener el gasto social hacia adelante. La necesidad de sumar recursos está impulsando reformas tributarias en la mayoría de los países, incluyendo los más desarrollados. ¿Pero de donde captar más tributos? Los impuestos indirectos como el IVA y las tarifas de los servicios públicos son regresivos, afectando a los que menos tienen. Su alza no es políticamente bien vista, desatando verdaderas revueltas sociales en algunos casos, como ha sucedido recientemente en Colombia, donde la situación social es muy precaria (al igual que toda la región y buena parte del mundo en desarrollo). Restan entonces las alternativas de los impuestos corporativos y a la renta, que gravan la generación de riqueza.

Esta opción se ve impulsada y facilitada por el anhelo de una mayor igualdad que recorre nuestras sociedades.

Tras décadas de rebajas impositivas, especialmente a las empresas, se está revirtiendo la tendencia, alentada por algunos factores además de la crisis económica, y que han quedado en patente evidencia durante este período pandémico: la concentración de la riqueza en pocas empresas y personas, cuyo patrimonio se ha acrecentado en forma exponencial desde la irrupción del COVID19.

Según un reciente estudio en Estados Unidos, El 10% de los estadounidenses más ricos detenta el 85% del total de los títulos accionarios en el país. Junto con ello, si en 1950 el 30% de la recaudación tributaria federal provenía de las empresas, el año pasado esto representó solo el 7%.

Por eso la administración Biden, que ya ha lanzado 2 masivos paquetes de ayuda y reactivación, ha iniciado una ofensiva doméstica e internacional para subir los impuestos corporativos y reducir la elusión y evasión tributaria.

Mientras en el plano interno el alza apunta a subir del 21% al 28% la tasa corporativa (en 2017 era del 35% pero fue rebajada por Trump), a nivel internacional el presidente Biden propuso acordar una tasa mínima del 15%, poniendo el tema en tabla para la próxima reunión del G20 en Venecia en julio, con la posibilidad de que el nivel sea mayor. La idea es generar un pacto entre los ministros del G-20 que pueda luego extenderse al conjunto de los 137 países que están negociando las bases de ese nuevo sistema fiscal en el marco de la OCDE

En Estados Unidos el nuevo panorama implicará que la situación tributaria solo cambiará para el 10% de los contribuyentes, mientras el 90% restante permanece más o menos igual. El mismo espíritu queda en evidencia en nuestra región, con iniciativas como el impuesto a los “súper ricos” (otra cosa es la calidad técnica de las propuestas y sus efectos).

La propuesta de Biden ha sido recibida positivamente por la Unión Europea y por varios países del bloque, Francia y Alemania especialmente, porque sintoniza con el mismo objetivo que han tratado infructuosamente de impulsar en las dos últimas décadas y que cobra mayor urgencia en este momento, con el trillonario paquete de estímulo económico para los países miembros en plena ejecución.

En una economía cada vez más global, las empresas fueron extendiendo su campo de acción y aprovecharon la diversidad de sistemas tributarios y numerosos esquemas para atraer su inversión, para aminorar el pago de sus impuestos.

Ante la merma de la recaudación, frente a ingresos corporativos cada vez mayores, los gobiernos de las principales economías empezaron a aunar esfuerzos para transparentar el tema financiero, emprendiéndola contra los paraísos fiscales y mejorando el intercambio de información entre sus servicios de recaudación tributaria.

Aún cuando los espacios para evitar impuestos o pagar tasas menores se han reducido, siguen existiendo, haciendo perder importantes recursos a los fiscos de la mayoría de los países desarrollados. Destacan los casos de Irlanda y Luxemburgo, ambos con bajas tasas. En el primer caso, las empresas pagan un 12,5% por fijar su domicilio en ese país. Eso ha significado que empresas como Apple, por el hecho de tener su sede en este país, paguen impuestos sustantivamente menores, aún cuando la mayoría de sus ingresos proviene de su actividad en otros mercados.

En ese sentido, la OCDE estima que los gobiernos pierden anualmente unos USD240 billones por la triangulación de sus operaciones y flujos.

La Comisión Europea ha aprovechado la iniciativa estadounidense para relanzar un proyecto de armonización del impuesto corporativo en todos los países del bloque, con la misma propuesta de fijar un mínimo común.

La figura del 15% y que grave la utilidad donde se genere (y no donde lo decida la empresa), como un punto de partida, tiene buenas posibilidades de éxito según analistas tanto de EEUU como europeos. Ello porque como se ha descrito a lo largo de estas líneas, confluyen la urgente necesidad de captar más fondos, no hay mucho margen político para acudir a otro tipo de impuestos, los gobiernos de los países más poderosos del mundo están detrás de esto y, la evidencia indica que las grandes corporaciones y el segmento más acaudalado de la población han incrementado sus patrimonios sistemáticamente en los últimos decenios, al mismo tiempo que ha disminuido su contribución tributaria en el conjunto.

Estados Unidos, bajo la administración Biden, está determinada a generar un sistema coherente y coordinado que le permita aumentar y optimizar su recaudación. La apuesta inicial va por el lado de la cooperación internacional y se verá qué sucede en la próxima reunión del G20. De no resultar esa aproximación, podría fortalecerse al Internal Revenue Service para fiscalizar mejor las operaciones externas de las empresas estadounidenses.

Los vientos que soplan parecen indicar que los impuestos corporativos en el mundo subirán en los próximos años y aumentará su porcentaje en la contribución del total, lo mismo que los tributos a la renta. De la misma forma, disminuirá el espacio para la competencia fiscal entre los países, por lo que este factor será menos relevante para atraer inversión extranjera.

En teoría todo esto debiera repercutir favorablemente en las finanzas fiscales, al mismo tiempo que ayudar a generar más equidad social. Ojalá sea el caso.

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