Opinión

La agenda democrática de Biden y América Latina

Después de varias décadas en que los ojos de EEUU han estado puestos en otras latitudes, se abre la oportunidad de establecer una nueva dinámica en las relaciones entre este país y América Latina. Aunque nuestra región transita por un momento muy complejo en términos políticos y económicos, hasta ahora la evidencia en la mayoría de nuestros países, indica que nuestras sociedades quieren más y mejor democracia.

"La determinación y validez de la agenda democrática mundial del presidente Biden se medirán en América Latina y particularmente en Centroamérica". AGENCIA UNO/ARCHIVO
"La determinación y validez de la agenda democrática mundial del presidente Biden se medirán en América Latina y particularmente en Centroamérica". AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  Juan Pablo Glasinovic

Como era de esperar, el gobierno del presidente Biden ha tenido una intensa agenda de política exterior en sus primeros meses, consecuente con sus anuncios y promesas de campaña. Destacan el reintegro de Estados Unidos al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud, reuniones virtuales y presenciales con sus aliados europeos y asiáticos, asistencia al G7 y a la OTAN, y cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. También se cuenta una reunión de cancilleres con China y decisiones estratégicas, como el aceleramiento del retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. En estas y otras acciones, el mensaje ha sido claro y unívoco: Estados Unidos está de vuelta en la primera línea de los asuntos mundiales, dispuesto a asumir su liderazgo y a respaldar a sus aliados y concertarse con ellos en favor de valores como la libertad, la democracia y la consecución de un mundo más seguro y sustentable.

Por el poco tiempo transcurrido y la multiplicidad de prioridades, que pasan en primer lugar por recuperar el terreno que Trump abandonó en la arena global y restaurar la confianza de sus tradicionales aliados que quedó resentida, América Latina ha mantenido hasta ahora un segundo plano como foco de la política exterior estadounidense. Y en lo inmediato, el catalizador de las acciones norteamericanas viene de la política doméstica, con el incremento de la inmigración latinoamericana y especialmente centroamericana. En efecto, en los últimos meses se ha disparado la cifra de personas que buscan ingresar ilegalmente por la frontera con México, lo que ha reavivado los temores y rechazo de una buena parte de la población local, lo que ha sido atizado y aprovechado por el Partido Republicano contra el gobierno demócrata. No debemos olvidar que este fue uno de los temas que catapultó a Trump al poder, y Biden tiene muy presente que esto le podría costar perder la mayoría parlamentaria en las elecciones de mitad de período de noviembre del próximo año, lo que lo dejaría a la deriva y sin posibilidad de seguir implementando su ambicioso programa. Y peor aún, podría ser el preludio del regreso de un republicano (incluso Trump) el 2024. Por eso la prioridad ha sido contener el flujo migratorio.

La encargada de la relación con la región en esta etapa ha sido la vicepresidenta Harris, la que ha visitado México y Guatemala en las últimas semanas, apuntando a lo que se conoce como “el triángulo norte” de Centroamérica, que además de Guatemala incluye a Honduras, Nicaragua y El Salvador, origen principal de los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos.

Harris y el gobierno demócrata tienen claro que la política del muro de Trump era inviable y que la única manera de regular y disminuir el flujo de personas es mejorando las condiciones en sus países de origen (como lo tiene muy presente la UE y todas las organizaciones multilaterales). En eso la decisión es restablecer la continuidad con la estrategia de Obama de fomentar el desarrollo económico en la región, otorgar asistencia y apoyar en materia de seguridad.

¿Por qué familias enteras, incluyendo a ancianos y niños, están dispuestas a viajar miles de kilómetros y enfrentar todo tipo de peligros en la ruta con tal de probar suerte e ingresar a EEUU? Por una fatal combinación de factores. Los países centroamericanos del “triángulo norte” están entre los más pobres del continente, cuentan con niveles récord de homicidios y criminalidad a escala mundial (parte de la droga que llega a EEUU transita por América Central), y han sido particularmente afectados por desastres naturales como huracanes y sequías, exacerbados por el cambio climático en curso. A lo anterior, se debe sumar una corrupción endémica y una institucionalidad democrática débil o francamente autoritaria.

Antes de la pandemia, cada año, por cada tres jóvenes de esos países centroamericanos, solo uno encontraba trabajo. Con el COVID el problema se ha profundizado, aumentando los niveles de pobreza y miseria. Además, el ingreso medio de un trabajador poco calificado en EEUU es diez veces superior al de un salvadoreño, guatemalteco o hondureño.

La vicepresidenta Harris en su visita a Guatemala anunció un paquete de ayuda humanitaria por USD 310 millones y el compromiso de 12 grandes empresas estadounidenses de invertir en el corto plazo en estos países. La agencia USAID, por su parte, anunció el incremento de la asignación de recursos para combatir los desastres naturales, proveer alimentos y apoyar iniciativas para reducir la pobreza.

Estos pasos, sin duda, van en la dirección correcta, pero serán insuficientes si no incorporan la concertación regional y no abordan en forma prioritaria el apoyo para el fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho, con una decidida lucha contra el crimen organizado.

La determinación y validez de la agenda democrática mundial del presidente Biden se medirán en América Latina y particularmente en Centroamérica. Evidentemente, la tarea es compleja y tiene múltiples aristas, lo que requerirá un esfuerzo sostenido, más allá de este corto período presidencial. Pero la experiencia del gobierno de Obama, del cual Biden fue vicepresidente, ha dejado lecciones y enseñanzas. Una de ellas es que cualquier solución pasa por el conjunto, más allá de los matices bilaterales. Estados Unidos debe incorporar a toda la subregión en su estrategia, y no solamente al “triángulo norte”, apoyándose en los países más sólidos económica e institucionalmente, como Costa Rica y Panamá, además de México.

El desarrollo económico es clave, pero no prosperará mientras subsista la alta inseguridad y no se profundice la integración regional. Centroamérica es ya el mercado más integrado de Latinoamérica con un 31% de sus exportaciones que se destinan a la región y 14% de las importaciones que provienen de la misma región. Pero hay espacio para seguir creciendo y eso pasa por disminuir las asimetrías entre sus miembros, para lo cual EEUU puede ser muy funcional, no solamente por su inversión y asistencia directa, también por los mecanismos multilaterales de apoyo que puede sumar, con su peso determinante en entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En materia de seguridad, se debe reforzar la dimensión institucional democrática, sin perjuicio del apoyo especializado en el terreno contra los grupos criminales. La única manera de mantener a raya al crimen organizado es con instituciones fuertes, incluyendo un poder judicial y una policía probos. Aquí también EEUU puede tener un papel mucho más influyente, con una combinación de incentivos y sanciones que incluya elementos económicos, políticos y de cooperación. La experiencia colombiana demuestra que es posible revertir la penetración criminal en nuestros países. Ahí EEUU fue fundamental, no solo en el ámbito jurídico policial y militar, sino también prestando una maciza asistencia económica y apoyando el fortalecimiento institucional.

Sería un gran error centrarse solo en la dimensión de seguridad sin importar la naturaleza del gobierno con el cual se colabora, porque a lo más se reducirá momentáneamente la actividad criminal, mientras sus tentáculos siguen extendiéndose, confundiéndose con el poder político, para después volver con mayor brío, sofisticación y resiliencia.

Nicaragua, con el intento de Daniel Ortega de prolongar su dictadura (en un resabio de la Guerra Fría y como apéndice de Cuba en esa lógica), y El Salvador, que está derivando hacia el autoritarismo con Nayib Bukele, se constituyen en un desafío directo al objetivo de la actual administración estadounidense de promover la democracia en el mundo.

Después de varias décadas en que los ojos de EEUU han estado puestos en otras latitudes, se abre la oportunidad de establecer una nueva dinámica en las relaciones entre este país y América Latina. Aunque nuestra región transita por un momento muy complejo en términos políticos y económicos, hasta ahora la evidencia en la mayoría de nuestros países, realismo mágico mediante, indica que nuestras sociedades quieren más y mejor democracia.

¿Por qué no pensar que en nuestro continente se están gestando las respuestas y soluciones para salir de la crisis de la democracia representativa? ¿Y que ello presenta una magnífica oportunidad para validar y potenciar los objetivos que se ha propuesto Biden? Quizá mirando hacia atrás, más adelante diremos que el problema de la inmigración en EEUU fue el detonante de un cambio cualitativo de la política exterior de se país y coincidió con un proceso que hizo florecer la democracia en la región, revitalizando este sistema de gobierno a nivel global. We are latin americans, Mr. Biden. Impossible is nothing.

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