Opinión

Las nuevas verdades que eran fake news

Sin ninguna explicación, muchas de las afirmaciones acusadas de fake news, pasaron a ser de un momento a otro, nuevas verdades o “contribuciones al voto responsable e informado”.

El destino - cuanto menos incierto de los colegios particulares subvencionados - quedó fijado muy al comienzo de la Convención, cuando la comisión de Reglamento rechazó incorporar el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El destino - cuanto menos incierto de los colegios particulares subvencionados - quedó fijado muy al comienzo de la Convención, cuando la comisión de Reglamento rechazó incorporar el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  Francisca Figueroa

El acuerdo - o voluntad de acuerdo - alcanzado la semana pasada con el objeto de generar certezas y aclaraciones al texto constitucional, es el más concreto reconocimiento de los principales puntos problemáticos de la propuesta. Si bien estos fueron dados a conocer a tiempo por parte de la sociedad civil y múltiples actores, para la mayoría de la Convención, aparentemente no había razón alguna para corregir el rumbo.

Sin ninguna explicación, muchas de las afirmaciones acusadas de fake news, pasaron a ser de un momento a otro, nuevas verdades o “contribuciones al voto responsable e informado”.

De especial importancia resulta la declaración del respeto de la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada. Por meses, distintas agrupaciones de la sociedad civil insistieron con preocupación sobre la omisión en la propuesta constitucional de su garantía y financiamiento; sin embargo, se les tildó de mentiras, campaña del terror, y en el mejor de los casos, incomprensión del texto.

Pero las críticas estaban bien fundamentadas. Muchos vimos cómo los convencionales dejaron conscientemente fuera, la posibilidad de los particulares para abrir y gestionar establecimientos educacionales, así como el poder acceder a financiamiento estatal, ambos aspectos claves para la protección de la educación particular subvencionada.

En efecto, en una muy deficiente propuesta de la comisión de Derechos Fundamentales, dichas garantías se señalaban, pero con tantas limitaciones, que hacían sospechosa y difícil su protección efectiva. Esto se producía porque una larga lista de fines y principios, cuya materialización era dejada a la ley, impedía la autonomía de los proyectos educativos, requisito sine qua non de la libertad de enseñanza. El problema pudo arreglarse mediante indicaciones, pero todas fueron rechazadas. 

A pesar de esto, los grupos más radicales de la Convención no se contentaron con la propuesta. Ni un acotado marco para el desarrollo de proyectos, ni la coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia a cargo del Estado fueron suficientes para recalcar la prominencia estatal en educación. Así, para evitar cualquier tipo de interpretación errónea, el pleno de la Convención rechazó los pilares necesarios para sustentar la protección de la educación particular subvencionada. 

El destino - cuanto menos incierto de los colegios particulares subvencionados - quedó fijado muy al comienzo de la Convención, cuando la comisión de Reglamento rechazó incorporar el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales. Sobró tiempo para cambiar el rumbo, pero nada se hizo al respecto.

Lo cierto es que el acuerdo, no sólo no puede garantizarse - como señaló el más transparente de sus firmantes – sino que además termina por reconocer que las preocupaciones de la ciudadanía respecto del texto son verdaderas y legítimas, y que intentar desestimarlas en el debate público resultó además de deshonesto, inútil.

Francisca Figueroa
Investigadora legislativa de Acción Educar
 

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