Opinión

Lithium

En 2012, Michael Porter, un rockstar del management para el empresariado chileno, planteó que Chile es un país administrado y que no tiene estrategia, dejando absorto y confundido a un auditorio que no esperaba una definición tan tajante de quién, hasta ese momento, era el viejo gurú de la ventaja competitiva de las naciones.

El rol del estado es gestionar la estrategia país, que debiera consolidarse desde el poder legislativo, y allí animarse a abrir la negociación para que la inversión sea genuina
El rol del estado es gestionar la estrategia país, que debiera consolidarse desde el poder legislativo, y allí animarse a abrir la negociación para que la inversión sea genuina
Por:  Guillermo Bilancio

En 2012, Michael Porter, un rockstar del management para el empresariado chileno, planteó que Chile es un país administrado y que no tiene estrategia, dejando absorto y confundido a un auditorio que no esperaba una definición tan tajante de quién, hasta ese momento, era el viejo gurú de la ventaja competitiva de las naciones.
En cierta medida, esa afirmación de Porter es bastante cierta, si consideramos que los negocios tienen como los recursos naturales y no el valor esperado que estos generan.

En tal sentido, se supone que es el Estado Nacional quién debiera decidir sobre la administración de esos recursos que implican una fortaleza, habilidad o fuente de una potencial ventaja, que sirva para generar negocios para diferentes mercados, en diferentes áreas geográficas del mundo. 

Eso, en definitiva, es la estrategia o la misión país. El poder ejecutivo debiese gestionar esos recursos en función de la estrategia, la que debiera discutir el poder legislativo. Algo que parece natural, pero que no sucede, ya que en un país presidencialista, las decisiones sobre la estrategia país parecen estar en manos del presidente que no solo asigna o gestiona los recursos, sino que hasta los compromete.

Esta introducción es simplemente un punto de partida para entender que, en una instancia en la que convergen una Convención Constituyente con un nuevo mandato presidencial, y en un momento en que el mundo está decidiendo un cambio drástico en las políticas mediombientales, la  energía para poner en movimiento las cosas se transforma en un eje central para la supervivencia del planeta. Y esto tiene como un punto central la evolución de pasar de la combustión “sucia” por litio.

Hasta aquí no hay nada novedoso en el análisis, pero si consideramos que el mundo desarrollado ha decidido llevar adelante medidas concretas en materias de uso de vehículos a combustión a partir de 2030/2035, es un buen momento para pensar la estrategia país y la mejor manera de gestionar el recurso con el que Chile, junto a Bolivia y Argentina, se transforma en un jugador determinante.
De allí que el litio será, sin dudas, una de las unidades de negocio más relevantes de Chile. O tal vez la más relevante.

Pero este escenario actual, que exige decisiones con efecto en el futuro nos plantea interrogantes que forman parte de la definición de una estrategia país alrededor del recurso:
¿Vendemos materia prima, como lo hemos hecho casi siempre bajo la filosofía de entender que el libre mercado decide?  ¿O negociamos que las industrias que utilicen el recurso, por ejemplo automotrices internacionales,  se instalen y generen tecnología y puestos de trabajo futuro?

El rol del estado es gestionar la estrategia país, que debiera consolidarse desde el poder legislativo, y allí animarse a abrir la negociación para que la inversión sea genuina y desde el país que tiene el recurso clave. 
¿Seremos simplemente exportadores de litio esperando el precio que defina la bolsa de Londres, o buscaremos decididamente afrontar la industrialización que hemos abandonado como consecuencia de creer que la economía de este siglo se limita a decidir entre “cañones o golosinas” como planteaba Paul Samuelson?

La economía ya no es zapatero a tus zapatos, sino que hay que generar instancias para incorporar las habilidades y competencias que nos transformen en algo más que zapateros, pero esa decisión es un acuerdo estratégico país entre empresarios, políticos, científicos, académicos, sindicatos,  que debe ser aprobado por el legislativo.
Y el ejecutivo será quien deba administrar la decisión en cada período presidencial, es decir, buscar los mejores caminos de negociación con el mundo inversor para crear valor. Tener una misión país y adoptar los mejores mecanismos de gestión para desarrollarla. Estrategia, innovación y acción efectiva. 

Esa misión país debe determinar si vendemos materia prima para salvar el corto plazo o diseñamos el negocio país con una perspectiva expansiva que promueva el desarrollo. 
Capitalismo expansivo vs acumulativo. 
 

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