Opinión

Los intocables: la educación particular pagada

En un momento crucial como país de debate constitucional, necesitamos pensar respecto a este sector y sobre qué tipo de regulaciones debiesen establecerse. La demanda por mayor justicia e inclusión exige, como mínimo, cambiar el estatus de intocables de estos colegios.

Un 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan ex alumnos que provienen de 9 de estos colegios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Un 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan ex alumnos que provienen de 9 de estos colegios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Por:  Tomás Ilabaca y Alejandra Falabella

Cuestionar la educación particular pagada significa cuestionar la desigualdad del país, pues ha sido y sigue siendo una de las estrategias claves de reproducción y clausura social de las clases altas y élites del país.

En Chile, un 8% aproximadamente corresponde a la matrícula de la educación particular pagada, donde se forma principalmente los niños, niñas y jóvenes de las clases altas y medias-altas. Ello incluye, a su vez, un sub-segmento de colegios de élite, donde egresan quienes ocupan posteriormente las principales posiciones de poder en la política y economía del país.

Ejemplo de ello, es que el 75% de los ministros de Estado y el 60% de los senadores entre 1990 y 2016 egresaron de apenas 14 establecimientos privados (PNUD, 2017). En el mundo empresarial, por su parte, Zimmerman (2019), muestra que 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan ex alumnos que provienen de 9 de estos colegios. En palabras de Rothkopf, “Chile no es un país, es un club social”, y el acceso a este “club” aún se encuentra posibilitado, en buena parte, por haber pasado por alguno de estos colegios.

Desde el comienzo del sistema educativo chileno, este sector ha logrado obtener importantes libertades y privilegios. Al día de hoy, este escenario no ha cambiado significativamente: recordemos que estos establecimientos tienen derecho a fijar sus propios aranceles, lucrar y seleccionar estudiantes, así como estar exentos de pagar impuestos.

Intentos de regulación han existido en los últimos años, pero hasta ahora estos colegios se han mantenido “intocables” frente a la política pública. En plena discusión sobre la Ley de Inclusión, la diputada Camila Vallejos y otros diputados, propusieron una indicación para incluir el fin de la selección de estudiantes en el sector particular pagado, pero rápidamente fue frenado por el Ejecutivo, pues implicaba entrabar aún más un proyecto que ya tenía varios opositores. Y claro, la mayor parte de quienes legislan estuvieron en la educación particular pagada y tuvieron (o tienen) sus hijos en este mismo sector.

En el año 2019, en el segundo gobierno de Piñera, un grupo de diputadas y diputados de oposición propusieron el proyecto “Ley Machuca” (en referencia a la película chilena). Este proyecto señala que los colegios particulares pagados deben tener gratuidad para un 30% de “familias vulnerables” de los primeros cuatro quintiles de menores ingresos. A su vez, desde la derecha, Felipe Kast propuso lo que se llamó la “Ley Machuca liberal”, a diferencia de la primera propuesta, esta sería voluntaria y financiada por el Estado.

Por otra parte, algunos establecimientos privados han generado iniciativas al respecto. Dentro de estas se encuentran: pagos de arancel diferenciado según ingresos, becas a hijos/as de funcionarios y docentes o becas a alumnos provenientes de sectores vulnerables. En este último caso, el más emblemático fue el impulsado en los años 70 por el Colegio Saint George’s, en el que se inspiró la película Machuca y que recientemente ha anunciado un nuevo proyecto similar. No obstante, es importante notar que los porcentajes de inclusión de estas medidas son marginales, por ejemplo, en el caso de este último colegio se propone que los alumnos becados representen el 5% de la matrícula total para el año 2036.

¿Estas políticas al estilo “Machuca” contribuyen a una mayor justicia social? Más allá de las buenas intenciones de estas iniciativas, este tipo de políticas son problemáticas por varios motivos. Primero, es un nuevo modo de segregación educativa y de debilitamiento de la educación pública. Generalmente implica sacar a los niños y niñas más aventajadas de la educación pública o subvencionada y trasladarlos a la educación particular pagada. Adicionalmente, en caso de incluir un subsidio estatal significa utilizar recursos públicos en colegios privilegiados, en vez de destinarlo a la educación pública.

Por lo demás, estos mecanismos de inclusión son generalmente minúsculos y más bien sirven para legitimar y mantener (o expandir) este tipo de colegios, en vez de ser cuestionados como espacio de producción de la desigualdad. Por último, cuando son porcentajes minoritarios de inclusión, y en un país tan segmentado como el nuestro, los efectos pueden ser aún más contraproducentes, pues los niños/as provenientes de contextos socio-económicos bajos tienden a ser víctimas de discriminación en un terreno de clase alta en que ellos son foráneos.

En un momento crucial como país de debate constitucional, necesitamos pensar respecto a este sector y sobre qué tipo de regulaciones debiesen establecerse. La demanda por mayor justicia e inclusión exige, como mínimo, cambiar el estatus de “intocables” de estos colegios. De hecho, en países con mayor igualdad, como Francia, Bélgica, Suiza, Finlandia, la educación escolar particular pagada es casi inexistente.

Cambiar las reglas del juego involucra que estos establecimientos, al cobrar por un derecho social, deban pagar impuestos altos, lo que además permite desincentivar la existencia de este tipo de colegio segregados. Sumado a ello, se requiere que estos cumplan con la prohibición de no lucrar y de no seleccionar a sus estudiantes, en tanto la educación es un derecho público para todos y todas, lo que debe estar por sobre la libertad de sus propietarios.

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