Cárcel de San Miguel: la millonaria demanda que ahora le espera al Estado
Las familias de 6 de los 81 reclusos que fallecieron el pasado 8 de diciembre en un incendio en la cárcel San Miguel, en Santiago, presentaron hoy una demanda contra el Estado por su responsabilidad en los hechos, informaron fuentes judiciales.
El abogado Bernard Debeuf, que representa a las familias de los fallecidos, explicó que éstas consideran que hubo una "falta de servicio" por parte de los gendarmes (policías de prisiones) durante el incendio, que se desencadenó tras una riña entre los reos.
Las familias de 6 de los 81 reclusos que fallecieron el pasado 8 de diciembre en un incendio en la cárcel San Miguel, en Santiago, presentaron hoy una demanda contra el Estado por su responsabilidad en los hechos, informaron fuentes judiciales.
El abogado Bernard Debeuf, que representa a las familias de los fallecidos, explicó que éstas consideran que hubo una “falta de servicio” por parte de los gendarmes (policías de prisiones) durante el incendio, que se desencadenó tras una riña entre los reos.
Por este motivo, la demanda, que fue presentada en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, solicita al fisco chileno el pago de una indemnización de 400 millones de pesos (unos 835.000 dólares) a cada una de las seis familias. Es decir, un total de 2.400 millones de pesos.
El abogado explicó que los demandantes tienen “las puertas abiertas” para negociar con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para llegar a un acuerdo amistoso y evitar el largo proceso judicial.
José Delgado, padre de uno de los reos fallecidos, explicó que el objetivo de la demanda es hallar justicia, más allá de las pretensiones económicas.
“Nosotros buscamos la justicia. Queremos ver a los responsables detrás de las rejas, no sólo el dinero”, indicó.
Se prevé que en las próximas semanas las familias del resto de los fallecidos sigan el mismo camino y presenten sus demandas contra el fisco chileno.
El abogado Marco Quezada, que también representa a los familiares de los 81 reclusos, agregó que en marzo denunciarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que Chile tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida en las cárceles del país.