Inscripción automática y voto voluntario: El "Transantiago político" que teme La Moneda

Preocupación existe en el Ejecutivo por la potencial aprobación del paquete de reformas políticas presentadas para modernizar el sistema electoral. Y es que la envergadura de los cambios que debieran implementarse, una vez que entren en vigencia las primarias voluntarias y vinculantes para definir candidatos presidenciales, parlamentarios y municipales, además de las que regularán la elección de los Consejeros Regionales (Cores), podría generar un “Transantiago político”.

Ese, al menos, es el concepto que se maneja en palacio, donde están conscientes del complejo y “costoso” escenario que se producirá al realizar convocatorias tan sucesivas para elegir autoridades o aspirantes a ellas. De ahí que el ministro secretario de la Presidencia, Cristián Larroulet, se reúna hoy con la directora de Presupuesto, Rossana Costa para analizar el tema.

En La Moneda saben que las primarias que debieran llevarse a cabo el domingo 10 de junio de 2012 -para alcaldes y concejales- y el 7 de julio de 2013 -para Presidente y parlamentarios-, aparte de las elecciones propiamente tal, serán una prueba de fuego para el sistema electoral chileno.

Sin embargo, lo más complejo dice relación con el proyecto de inscripción automática y voto voluntario. El pasado jueves 4 de agosto el director del Servicio Electoral (Servel), Juan Ignacio García, les informó a los integrantes de las comisiones de Gobierno y Constitución del Senado, que existía la posibilidad de que la iniciativa no entrara en vigencia antes de las municipales de 2012, porque no se tiene registro de los domicilios de los potenciales votantes.

La información encendió las alarmas en el Senado que de inmediato le pidió explicaciones al Ejecutivo. De hecho, el presidente de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Víctor Pérez (UDI), les informó a sus pares que a las 18 horas de ayer ambas instancias -que analizan en conjunto el proyecto- se reunirán en la sede del Congreso en Santiago para escuchar los argumentos de La Moneda. Sin embargo, la reunión fue suspendida.

Los legisladores ya le solicitaron al director del Registro Civil, Rodrigo Durán, que realice los análisis necesarios que permitan comparar la veracidad de los datos referidos a los domicilios de unos 4 millones de electores, que posteriormente serán entregados al Servel.

Entre las alternativas que se manejan, está recurrir a la información que manejan las municipalidades cuando sus habitantes tramitan su licencia de conducir. Pero no todos los mayores de 18 años obtienen esos documentos, por lo que el Ejecutivo debería buscan otra opción.

Según la senadora DC Soledad Alvear, resolver este impasse pasa exclusivamente por el gobierno, que debería presentar de manera urgente un proyecto que permita tener implementado un “registro domiciliario”.

La parlamentaria recalcó que como no es responsabilidad del Registro Civil saber dónde viven todas las personas, será el Ejecutivo el que tendrá que buscar la manera de crear una base de datos con los 4 millones de personas que se verán beneficiados con la iniciativa. “Pero tendrán que entregar recursos para eso”, aseguró.