$20 millones costó la consulta anti marchas de Zalaquett

La iniciativa del alcalde Pablo Zalaquett, afirma Calderón, solo sirvió "para que el alcalde aparezca en los medios, empatando con su posible contendor, el alcalde Orrego de Peñalolén".

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$20 millones costó la consulta anti marchas de Zalaquett
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El concejal Ismael Calderón, aseguró que la consulta ciudadana, que organizó la municipalidad de Santiago el fin de semana pasado para saber la opinión de los vecinos afectados por las marchas estudiantiles, “no tiene validez legal”.

La consulta estableció que más del 70% de las personas mayores de 18 años opina que no deben realizarse marchas por la comuna.

Calderón dijo, a través de un comunicado, que “las críticas surgen hoy al saberse que la administración del alcalde Pablo Zalaquett ha gastado más 20 millones de pesos en este evento, el cual no tiene ninguna validez legal y sólo ha servido para que el alcalde aparezca en los medios, empatando con su posible contendor, el alcalde (Claudio) Orrego de Peñalolén, quien sí realizó un plebiscito vinculante con todas las de la ley”, expresó el concejal.

Calderón agregó que “el próximo miércoles el Concejo de Santiago será crucial en las críticas al alcalde de Santiago por dicha consulta”.

En tanto, la concejala comunista Claudia Pascual, consideró la consulta como “una acción de propaganda”.

La concejala criticó además la “nula información que tenemos respecto a la utilización de recursos municipales que se gastaron en esta consulta. Sabemos que hay más de un centenar de funcionarios que trabajaron los tres días que duró el plebiscito que se les cancelaron horas extraordinarias, pero no tenemos esa información de manera transparente“.

También lamentó que no se le preguntara al Concejo municipal sobre la conveniencia de realizar este plebiscito.

“Creemos que herramientas tan democráticas y que demanda la ciudadanía como los plebiscitos vinculantes y las consultas ciudadanas, literalmente se prestan para la chacota como ésta que hace el alcalde Zalaquett“, apuntó.

En conclusión, la concejala dijo que le parecía “bastante poco legal preguntar si la gente quiere o no quiere marcha, en tanto es un derecho de la ciudadanía y aparece como bastante complejo que sólo algunos vecinos tengan la posibilidad de decidir con respecto al derecho de manifestación de todos los chilenos y chilenas”. 

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