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20 de Diciembre de 2011

Los diez puntos clave de los nuevos contratos con las empresas del Transantiago

Tres son los objetivos principales que se busca cumplir: Mejorar la calidad del servicio, disminuir los costos del sistema haciéndolo más eficiente y redefinir los roles del Transantiago, dejando al Estado la fiscalización.

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El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, anunció este martes el fin de los contratos que tenían los privados con el Estado y que beneficiaban principalmente a las empresas de locomoción del Transantiago y su reemplazo por nuevas condiciones que tendrán como foco la calidad de servicio para los usuarios.

Esto, tras casi un año de consultas ciudadanas, reuniones con expertos, viajes en hora punta y un duro proceso de negociación con las empresas que operan el sistema.

Errázuriz logró renegociar contratos que vencían el 2018, 2020 y 2022 y sumar exigencias para mejorar el sistema.

“Estamos terminando con los contratos hechos para beneficiar a las empresas y cambiándolos por contratos que benefician a las personas”, sostuvo el secretario de Estado.

Los nuevos contratos, que comenzarán a regir una vez que la Contraloría General de la República tome razón –lo que se espera ocurriría entre enero y febrero- terminarán con el pago garantizado a las empresas, obligando a éstas a detenerse en paraderos, mejorar frecuencias, disminuir caminatas y controlar evasión.

Además, permitirán disminuir el número de transbordos y resguardar a los trabajadores, pues incluyen la obligación de las empresas de pagar una millonaria boleta de garantía en caso de incumplimientos laborales.

Igualmente, el ministro explicó que los cambios se irán haciendo de forma paulatina, con el objetivo de lograr una transformación profunda del Transantiago en el lapso de un año.

De esta forma, se espera cumplir con los tres objetivos principales de los nuevos contratos: Mejorar la calidad del servicio, disminuir los costos del sistema haciéndolo más eficiente y, por último, redefinir los roles del Transantiago, donde los privados se preocupen de operar el transporte público de una manera eficiente y el Estado se concentre en la fiscalización de esas operaciones.

1.- Ingresos por pasajeros transportados: El 70% de los ingresos que recibirán las empresas será por pasajero transportado; lo que significará que ahora las concesionarias deberán responder a la demanda de pasajeros, deteniéndose en las paradas y trasladándolos a sus destinos y terminando con el hábito actual de circular sin tomar pasajeros.

2.- Cambio al sistema troncal-alimentador: Las antiguas zonas del Transantiago se fusionan para responder a las reales demandas de viajes a las personas, poniendo fin a una división arbitraria que sólo obligaba a las personas a trasbordos innecesarios y largas caminatas.

3.- Calidad de servicio como foco del transporte: Las empresas tendrán descuentos, que antes no existían, por mala gestión y atención a usuarios en materias de alta relevancia para las personas como tiempos de espera prolongados en paraderos, fallas de frecuencia, grado de hacinamiento en buses, estado mecánico y de higiene en buses y el buen trato de los conductores hacia las personas.

4.- Empresas se hacen responsables de la evasión: Por primera vez desde el inicio de Transantiago las empresas deberán hacerse cargo de la evasión, buscando fórmulas para su control como zonas pagas, instalando mayor número de validadores, instalación de torniquetes en los buses, por ejemplo. De esta forma se disminuirá el número de personas que no pagan su pasaje y perjudican a los que sí pagan.

5.- Más atribuciones fiscalizadoras sobre los buses: El ministerio de Transportes contará con mayores facultades para evaluar las condiciones de los buses en terminales y rutas, terminando con la limitante de no poder ingresar a los depósitos para fiscalizar los vehículos.

6.- Fin de zonas exclusivas de concesión: Existirán zonas preferentes y no exclusivas, lo que permitirá generar una competencia controlada. Esto significará beneficios directos para los usuarios con menos transbordos, recorridos más directos y mayores opciones de viaje. Además, implica terminar con las indemnizaciones a las empresas por las extensiones de Metro.

7.- Protección a los trabajadores: Las concesionarias deberán entregar boletas de garantía de hasta 18 mil U.F. al Ministerio de Transportes, las que serán cobradas en caso de incumplimiento de sueldos y cotizaciones. Con esto se fortalecen las herramientas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para velar porque los trabajadores de Transantiago cuenten con sus pagos y cotizaciones al día, promoviendo un mejor clima laboral.

8.- Renovación de flota: Las empresas que forman parte del sistema deberán cambiar y modernizar su flota, eliminando los más de 800 buses “enchulados” que quedan en Transantiago, reemplazándolos por nuevos en un plazo de dos años.

9.- Mejores viajes para los usuarios: Los nuevos buses que ingresen a Transantiago contarán con un mejor diseño interior, perfeccionando la inclinación de los asientos, mayor cantidad de agarraderas y una mejor iluminación interior. En suma, otorgando viajes más cómodos y seguros para los usuarios y respondiendo a las necesidades reales de las personas.

10.- Más facultades a la Coordinación de Transantiago para exigir mejoras rápidas y oportunas ante contingencias: Las empresas concesionarias estarán obligadas a respetar un protocolo con Transantiago para responder efectivamente frente a contingencias de los servicios en la vía pública, cuyo incumplimiento significará multas. De esta forma, las empresas deberán tener una mejor reacción frente a caídas de frecuencia, tiempos de espera prolongados y regularidad de los servicios.

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