Sólo dos condenas penales se han obtenido en juicios tras el terremoto del 27 – F

A tres años del terremoto y tsunami registrado en la madrugada del 27 de Febrero de 2010, pocas son las demandas, tanto civiles como penales, que han llegado hasta una condena. Es más: aún no existe ninguna sentencia definitiva en materia penal.

Un ejemplo es el de quienes vivían en el edificio Alto Río de Concepción. El próximo 4 de marzo, las familias esperan que la Corte de Apelaciones penquista confirme la sentencia del 31 de octubre de 2012 que condenó al ingeniero calculista René Petinelli por cuasidelito de homicidio respecto a las ocho personas que murieron bajo los escombros del edificio la noche del sismo. Sentencia en contra de la cual la defensa de Petinelli interpuso un recurso de nulidad, que de ser acogido obligaría a repetir el juicio, consigna El Mercurio.

Otro de los casos donde se ha logrado una condena penal es el del edificio Cerro O’Higgins, de Constitución. En mayo del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Talca emitió un fallo condenatorio contra los ingenieros Óscar Castro y Ricardo Aránguiz, a raíz de la muerte de ocho personas luego del derrumbe de la construcción. Según el fallo, en 1997 los ingenieros validaron cálculos de ingeniería que no se adecuaban a la norma sísmica vigente.

En este caso, sin embargo, se produjo el escenario que temen en Concepción: la Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de nulidad que presentó la defensa, lo que obliga a realizar un nuevo juicio a contar del 8 de abril.

Pero no todo han sido apelaciones. La constructora de los edificios Don Luis y Don Tristán, ubicados en Maipú y destruidos tras el 27-F, obtuvo la suspensión condicional del procedimiento,  tras llegar a un acuerdo con los residentes, que les significó a éstos una indemnización de $100 millones.

En una situación parecida, los residentes del edifico Sol Oriente de Macul también recibieron una indemnización después de llegar a un acuerdo previo.

Los juicios civiles

Fuera del ámbito penal, los perjudicados han tenido mejor suerte.  Hasta ahora, tres demandas por indemnización de perjuicios han sido acogidas favorablemente para las víctimas, en primera instancia. Uno de estos casos corresponde al edificio Alto Río; allí la inmobiliaria fue condenada a pagar $100 millones.

En otro caso, una familia de San Pedro de la Paz, Concepción, obtuvo una reparación de $10 millones por el desplome de su casa, la que se derrumbó en un condominio de 44 casas.

Sólo una demanda por perjuicios debidos al tsunami ha llegado hasta la Corte Suprema. Se trata del caso de Ariel Soto Fonseca, que pese a ser acogida en primera instancia, más tarde fue rechazada por el máximo tribunal. Soto Fonseca habría escuchado por la radio, la noche del sismo, que se descartaba el peligro de maremoto. A raíz de esto, bajó a Talcahuano a buscar a su familia, donde fue arrastrado por las aguas.