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6 de Junio de 2013

Falsos exonerados podrían superar los 7 mil según Gobierno y piden suspender los pagos

"Estamos frente a uno de los mayores fraudes de la historia chilena por los montos de dinero involucrados". señaló el subsecretario Ubilla, enfatizando que la tarea prioritaria es, una vez revisados todos los casos en cuestión, revocar los pagos de estos beneficios.

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Al mediodía de hoy el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y la ministra del Trabajo Evelyn Matthei anunciaron que pedirán ampliar la denuncia ante la Fiscalía por el caso de ‘falsos exonerados’, hechas en 2011 por el subsecretario Ubilla  ya que existirán al menos 4 mil quinientos casos más, según antecedentes del ministerio del Interior.
El IPS interpondrá ademas  distintas denuncias por fraude al fisco contra todos quienes resulten responsables, lo que  incluye a subsecretarios y ministros del interior tanto en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por pagos fraudulentos a exonerados políticos.
Ambas autoridades enfatizaron que buscarán la revocación de los pagos y que pondrán a disposición de la justicia todos los antecedentes recopilados en el caso. Las autoridades confirmaron que ya pueden suspender los pagos en  700 casos que están dentro de los plazos legales de la ley 19.234, la cual incluye los últimos 2 años para poder revocar la entrega de la pensión.
En este caso son 5.917 pensiones no contributivas, esto entre los años 2005 y 2012, donde se hablan de 29 mil millones de pesos. En solo 700 casos el Gobierno puede iniciar el proceso de suspensión, puesto que están en
 “Dado que las facultades que tenemos como ministerio son distintas que el IPS,  vamos a consultar con Contraloría cómo poder implementarlo (…) la voluntad del Gobierno es revocar estas resouluciones para que apegados a la norma podamos hacer justicia”, señaló Rodrigo Ubilla.
En tanto, la ministra Matthei estimó que en total se han gastado cerca de 3.500 millones de dólares en beneficios a personas producto de las 3 leyes de exonerados y se calcula que un tercio de ese monto ha sido pagado en forma irregular.  “Una vez que ellos ya tienen la calificación de exonerados, obtuvieron beneficios de forma irregular porque no se siguieron los procedimientos,  porque en  el INP se los dieron.”, aseguró la secretaria de Estado.
La ministra aclaró que estos montos, que deben ser cotejados en la investigación serian lo que se ha gastado hasta ahora, sin embargo la urgencia de pedir la revocación de los pagos es que seguirá aumentando con los años.
El subsecretario del Interior  también anunció que se ha pedido a Fonasa “que logre estimar cuánto significa este daño en la parte previsional y de salud”, asegurando que  “estamos frente a uno de los mayores fraudes de la historia chilena por los montos de dinero involucrados”.
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