El pe$o de los votos: Cómo se financiarán las campañas en la próxima elección
Esta semana el Servel entrega el anticipo fiscal a los partidos y candidatos independientes fuera de pacto, pero a diez años de la promulgación de la ley sobre gasto electoral la diferencia con el financiamiento privado sigue siendo abismante. Fiscalización efectiva, acotar aún más el gasto y limítes en la reelección surgen como alternativas.
Al menos 3,6 millones de votos obtendría la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. Ése es el cálculo que se desprende del crédito de 2.500 millones de pesos que la ex mandataria solicitó al BancoEstado, y que desde su comando calificaron como un “signo de transparencia”. Un crédito que fue criticado desde el oficialismo y defendido por la oposición, que emplazó a la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, a transparentar quién financia su campaña.
¿Quién financia quién? Es la pregunta que suele reflotar en época de campaña y que a diez años de la promulgación de la ley 19.844, que por primera vez fijó límites al gasto electoral, a los aportes de privados y que estableció un financiamiento estatal para las campañas, aún falta para poder responder. “La evidencia es que el gasto en campaña juega un rol importante en determinar el resultado”, dice Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, considerando eso y que el financiamiento privado favorece principalmente a los candidatos que van a la reelección, “el financiamiento público ayuda a tener una elección más competitiva al entregarle a los desafiantes un grado de financiamiento que no obtendrían de otra forma”.
Para ello, se establecieron dos tipos de financiamiento proveniente desde el Estado: el anticipo fiscal y el reembolso. El primero se entrega solamente a los partidos políticos y a los candidatos independientes fuera de pacto, el que será transferido esta semana por el Servel. Posteriormente, una vez finalizado el proceso electoral los partidos y todos los candidatos pueden solicitar el reembolso. Según datos del organismo, para las elecciones parlamentarias de 2009, se entregaron 411 millones de pesos a los partidos para la campaña de senadores y 1.563 millones de pesos para la de diputados sólo por concepto de anticipo. Para este proceso electoral, se realizará un pago de 229 pesos por votos obtenidos en la última elección de la misma naturaleza y para el reembolso a los candidatos se les paga 687 pesos por cada voto. De allí, el cálculo de los votos de Bachelet.
El problema es que el financiamiento público sigue siendo demasiado distante del límite del gasto electoral, lo que afecta principalmente a los partidos más pequeños y a los candidatos independientes. En Magallanes, por ejemplo, el gasto máximo permitido para la campaña de la elección de diputados es de 139 millones de pesos, para ser elegido como independiente, el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric dice que necesita 20.000 votos, por lo que si solicita el reembolso le llegarán 13,7 millones de pesos, una diferencia de 125.985.687 millones de pesos respecto del límite: “No hay ninguna relación entre lo que el Estado permite gastar y lo que Estado decide financiar a los candidatos”, recalca.
“El límite de gasto autorizado es extremadamente alto”, asegura Iván Carrasco, secretario general del Partido Igualdad y candidato a senador por Santiago Oriente, donde el límite autorizado es de 1.402 millones de pesos. “Nadie tiene en su bolsillo esa plata, si (Laurence) Golborne o (Manuel José) Ossandón la tienen es porque grupos económicos los están financiando”, agrega, y explica que su partido gastará 40 millones de pesos en los 120 candidatos a cores, diputados y senadores que llevan, que son 120 de Arica a Aysén.
Las distorsiones
“Las asimetrías más grandes actualmente están en los aportes privados. El financiamiento público reduce esas brechas y un límite efectivo al gasto electoral la reduce aún más para efectos prácticos”, dice Agostini. Un estudio que realizó a partir de las elecciones de 2009 y 2010, arrojó que en la de diputados, el financiamiento privado favoreció fuertemente a la Alianza con más de cuatro veces el monto recibido por los candidatos de la Concertación. Diferencias que también se notan al interior de las coaliciones: mientras la UDI obtuvo 2,4 veces más dinero que Renovación Nacional, la Democracia Cristiana obtuvo 1,2 veces más recursos que el resto de sus socios.
“La DC está librada a los resultados electorales, no tiene una garantía, tiene una equivalente proporción de apoyo económico según la cantidad de votos que saca”, explica Víctor Maldonado, secretario nacional de la DC. Sin embargo, asegura que “hay un sector político que puede gastar sin límite y sin ningún tipo de restricciones por errores cometidos”: “La derecha puede bajar un candidato presidencial, reemplazarlo por otro y en dos semanas toda la propaganda del país que estaba basada en el candidato uno está cambiada. Luego, el segundo candidato tiene problemas de salud, lo reemplazan y de nuevo toda la propaganda cambia en tres semanas”.
Para Agostini, la receta utilizada no es la adecuada: si consideramos la enorme ventaja que tiene un candidato que va a la reelección en términos de conocimiento y financiamiento, y le agregamos la disminución en competencia que genera el sistema binominal, el resultado es que es muy difícil que un candidato desafiante logre ganarle. ¿Cómo avanzar entonces? Asegura que existe evidencia empírica de que los límites al gasto electoral hacen que las elecciones sean más cerradas, tanto por disminuir la brecha de votos como por aumentar el número de candidatos. Y otra buena solución es colocar límites al número de reelecciones permitidas, ya que esto restaura la competitividad de muchas elecciones y disminuye la influencia de grupos de interés.
Según el presidente del PS, el diputado Osvaldo Andrade, que va a la reelección por el distrito 29, lo importante es mejorar la transparencia de los aportes privados, ya que “de lo que se trata es que la gente sepa quién le pone plata a qué candidato, y así puedan sacar sus propias conclusiones”. Sin embargo, Boric asegura que se debería “limitar sustantivamente” los aportes privados porque al final eso sólo genera “distorsiones y futuros conflictos de interés”, además, apunta que se debería llegar a un equilibrio entre lo que el Estado entrega y lo que permite gastar.
“Los gastos debieran ser hasta un monto en que la competencia es permitida”, asegura Maldonado (DC), pero el secretario general del Partido Igualdad va mucho más allá y asegura que, considerando que el financiamiento público es un “buen avance” para la democracia, se debería eliminar el financiamiento privado y restringir el gasto no más allá de una cifra razonable: 100 o 120 pesos por elector. “Le ahorraría plata al Estado, ya que no tendría que devolverle millonarias cifras a los candidatos del duopolio, y permitiría democratizar y emparejar la cancha”.
Pero poner un límite máximo autorizado de gasto no sirve de nada si no se fiscaliza correctamente. Hoy el Servicio Electoral no tiene ninguna capacidad de fiscalizar si un candidato sobrepasó el límite o no. “Nosotros revisamos lo que ellos declaran”, dice Germán Cortés, jefe de la Unidad de Control de Gasto Electoral, y sostiene que a la ley le faltó un “detalle”: “Darle facultad al Servel para fiscalizar”. Eso es clave, asegura Agostini, ya que es “sabido que muchos candidatos sobrepasan estos límites con creces”.
El peso de los votos
En cuanto al anticipo entregado por el Estado, son los partidos los que deciden cómo distribuirlo. En el Partido Igualdad lo que hacen es dividirlo de forma equitativa entre todos los candidatos, mientras que en Renovación Nacional, se le entrega propaganda a los candidatos, básicamente carteles de PVC y calendarios de bolsillo, y la cantidad que se asigna se hace en función de los electores que tiene cada zona. “Hay un criterio objetivo”, dice el secretario general del partido, Mario Desbordes. En la DC, en tanto, se mezclan las dos cosas: se hace una distribución pareja entre los candidatos, aunque diferencia entre senadores y diputados, y también se les entrega propaganda, donde cada uno decide en qué formato la quiere y qué dice.
Mientras que para el reembolso, el voto voluntario generó una dificultad, ya que la abstención de 60% en las elecciones municipales de 2012, no sólo afectó la votación de los partidos, sino también sus bolsillos. Por eso a la hora de hacer los cálculos para el reembolso basado en el número de votos obtenidos es un factor clave. Si bien algunos han sido cautos en sus pronósticos, casi todos coinciden en que siempre las elecciones presidenciales y parlamentarias tienen una mayor participación. “La inscripción automática y voto voluntario afectó las finanzas de los partidos”, dice Cortés, del Servel, por eso, sostiene, es que varios pregonaron sobre la vuelta al voto obligatorio porque “así obligan a la gente a votar y tienen más financiamiento”.
Desbordes asegura que en RN esperan que en torno al 60% del padrón vote, pero aún así para calcular el nivel de votos están considerando el número de sufragios del 2009, pero “un poco castigado”. En tanto en la DC, Víctor Maldonado explica que al igual que para las municipales, hicieron una evaluación justa de la realidad electoral: “Nosotros siempre nos vamos a una moderada evaluación de lo que puede ser nuestra realidad electoral, así cuando sacamos más votos nos congratulamos doblemente”.
Boric cuenta que pidió un crédito a título personal por 10 millones de pesos, que es lo que confía recuperar con el reembolso: “Hicimos un cálculo en razón de los que es la tendencia de las elecciones anteriores y a lo que le agregamos la variable de cuánto bajó en porcentaje a la última elección municipal”, explica. Mientras que en el Partido Igualdad, como se trata de su primera elección parlamentaria no han hecho un cálculo detallado, pero prevén que deberían bordear el 3%.
Así todos los cálculos dependen de la cantidad de votos que obtienen los candidatos y los partidos, tanto a la hora de entregar y reembolsar gastos con financiamiento público, así como el crédito que les pueden entregar las distintas instituciones financieras. El secretario nacional de la DC asegura que desde el punto de vista del financiamiento público también sería “injusto” que un partido que obtiene 4% o 5% de los votos recibiera la misma cantidad que el que lo triplica en votación. Desde el Servel, Cortés explica que si bien todos son candidatos, es importante la cantidad votos que saquen: “A una persona que no tiene ni el 1%, el banco no le va a entregar el crédito que tiene Bachelet”.
A la espera del dinero
En el caso de los partidos el anticipo se entrega sólo para las elecciones de diputados y senadores, y este año se agrega la de cores, que como es la primera vez que se realiza, para el cálculo se considera la votación obtenida por los partidos en la elección de concejales en las municipales pasadas. Y para los candidatos independientes o partidos nuevos, siempre se basa en el partido menos votados en la última elección del mismo tipo.
Tras el proceso electoral, los candidatos afiliados tienen hasta el 29 de noviembre para rendir cuentas a sus partidos, y estos deben presentar sus gastos más los de todos sus candidatos antes del 30 de diciembre al Servel. Una vez que se aprueban las rendiciones, se procede al reembolso que para los partidos corresponde a 343 pesos por votos menos el anticipo entregado por cada una de las tres elecciones, y de 687 pesos por votos para la presidencial, misma cifra que reciben todos los candidatos que participan en las diferentes elecciones.
Sin embargo, para acceder el reembolso la condición es que sea contra boleta o factura pendiente de pago o crédito bancario. Esto ya que puede ocurrir, explica Germán Cortés del Servel, que la campaña esté completamente financiada por aportes reservados o de cualquier otro tipo, entonces si el candidato recibe el reembolso sería para beneficio propio. Del mismo modo, sólo se entrega el valor correspondiente a la suma de las boletas y/o créditos, aún cuando al candidato le correspondiera más por el número de votos obtenidos. Para los pagos pendientes se le entrega el dinero al candidato y éste realiza el pago, pero para los créditos el dinero es transferido directamente a la institución financiera.