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27 de Febrero de 2014

Vecinos de la Cárcel de Chillán: La grieta olvidada en las historias de reconstrucción

La grieta de en la pared de la Cárcel de Chillán venía del terremoto del 60, y desde entonces prometida de arreglar. Cuatro años después del 27F, cuando se fugaron los reclusos saqueando e incendiando el barrio vecino, recién inician la segunda batalla legal para conseguir que el Estado asuma su responsabilidad. Son damnificados en un limbo albergado en el Estado.

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La familia de Horacio Villamán vivía en una de las casas que compartía pared con la cárcel en la calle 5 de abril de Chillán. Esa noche estaban viendo el Festival de Viña, a medio acostar, cuando empezó a temblar y a moverse cada vez más hasta que el temblor se hizo terremoto y se cortó la luz mientras crujía la vieja pero robusta casa de madera.

La ventana de la pieza de una de sus hijas estaba a tres metros de la pared de la cárcel. Lo bueno fue que la pared se cayó hacia el interior de la cárcel y no hacia su pieza. Pero nadie se dio cuenta de esto, hasta después. “Seguramente, por el ruido, por que todo crujía”.

La casa había resistido bien el terremoto. Bajaron al patio con los tres hijos que estaban ahí, para salir a la calle y fue la esposa la primera que vio que se había caído la pared de la cárcel. Ella tuvo la intuición de que se iban a escapar los presos y  sacó de ahí a los niños a medio vestir. Se fueron al frente, a la casa donde viven sus padres. El terremoto no era nada con lo que se venía.

No habían pasado cinco minutos desde que cruzaron la calle cuando empezaron a pasar oleadas de  hombres por el techo de la casa de su vecina. Y por las otras casas. Muchos hombres enloquecidos escapando entre la polvareda. Eran los reos que se fugaban, con la vía libre después que colapsara la pared a lo largo de toda la calle, a medio metro del suelo.

La estampida

Las cosas sucedieron a toda velocidad. Se escaparon entre 260 y 296 presos según las versiones. Antes, había habido escaramuzas en el interior del penal, como sucedió en muchos, por la conmoción del terremoto. Quemaron colchones para que abrieran las celdas. El penal tiene capacidad para 200 reclusos. Ese día había más de 800, hacinados. Para mantener el orden, un turno corto de personal de Gendarmería, una docena en total.

Los Villamán se refugiaron en casa de sus padres pero María Teresa Contreras, una de sus vecinas, se quedó en su casa. Salió al patio cuando el temblor se puso feo, con su nieto de 13 años. En pijama.

Al volver a la casa se dio cuenta que había desaparecido la pared junto con  la cárcel. A los pocos minutos, empezó a sentir un ruiderío desde dentro, que luego dio paso a  la estampida. Y  en minutos ese ruido ya sonaba  dentro de su casa. Atinó  a esconderse detrás del sofá cubriendo a su nieto, mientras la turba saqueaba su casa, atravesándola para seguir la escapada. Pasaron más de 20 minutos, hasta que se atrevió a moverse. En la puerta había un carabinero que la ayudó a salir y cruzar la calle. Puso a salvo al nieto, y se quedó, “sentada en la puerta de la casa de los Soto”. Entonces vio que empezaba a arder su casa y cómo ésta se consumía entera.

Los fugados, empezaron a saltar por las casas del frente, huyendo de patio en patio. Habían salido algunos gendarmes a la siga. Les decían, “chiquillos, no se escapen, vuelvan, vuelvan’, a algunos los llamaban por el nombre”, recuerda Horacio Villamán.  Pero la manada estaba desatada. Durante unos 45 minutos estuvieron saliendo.

Adiós al Sureño

El incendio empezó antes, en la casa de Aurelio Quijada, la que arrendaba a un restaurante, El Sureño, de buena fama. Estaba vacío a esas horas. Los fugados encontraron barra libre y comida. Saquearon a su antojo, se armaron, y se fabricaron sopletes prendiendo balones de gas. Empezaron a prender antorchas con papel, a quemar las cortinas y El  Sureño ardió como yesca junto con  la casa vecina, pareada.

Llegaron bomberos pero había poca agua y también poco que hacer. A los minutos, empezó a arder otra, y otra. Una de esas fue la de María Teresa Contreras, que seguía mirando desde el otro lado de la calle, el infierno en que se había convertido la noche. Sentada en la puerta de su vecinos del frente, en pijama. Bajo la luna llena.

Horacio Villamán y su familia también vieron que empezaba a quemarse su casa y la de su vecino, un médico. Fue a pedir  a un carabinero de Fuerzas Especiales recién llegado, que lo dejara entrar a su casa, para rescatar algo. Estaban rastrillando por si quedaban  presos escondidos. Mientras se quemaba el segundo piso, rescató una cartera de su esposa, algunos documentos, dos notebooks de sus hijos,  y “la  perrita, toda  mojada”.

La casa estaba saqueada, destruida por el batallón de fugitivos. “Volví donde  mis papás, a ver cómo se quemaba nuestra casa. Entera. Nos quedamos con lo puesto”, recuerda ahora.

A la mañana siguiente llegó a la casa un gendarme a pedir agua: “Era un gallo joven, estaba desesperado. Decía que los perdonáramos  pero que no era culpa de ellos. Estaba trastornado, lo hicimos pasar y le dimos agua”, recuerda Villamán.

Abandonados en el limbo

En la conmoción brutal que produjo el terremoto en todo el país, estas familias quedaron en una especie de limbo. En la inmensidad del drama colectivo y aunque fueran tan damnificadas como el que más, su caso era especialmente desgraciado. No eran víctimas solo solo del terremoto, sino de además de un episodio derivado, del que el Estado, no les reconoce ningún derecho a reparación. Nada.

Estas familias no están considerados como víctimas  relacionadas con el terremoto. Esta semana, el intendente de Ñuble, Víctor Lobos, anunció que los datos de la reconstrucción en la provincia, alcanzan al 99,7 por ciento. “Solamente restan por iniciar 56 viviendas, que equivalen a un 0,3%”Ni en esos decimales aparecen.

La responsabilidad de la cárcel y sus internos compete a Gendarmería, con dependencia del Ministerio de Justicia. La de la calle y las casas particulares, donde se produjeron los incendios, a Carabineros, subordinados al Ministerio del Interior. Los afectados quedaron en tierra de nadie. No fueron considerados en ningún plan de Reconstrucción. El sumario instruido por Gendarmería atribuye las causas de la fuga al terremoto, descartando posibles responsabilidades institucionales.

Un grupo de los damnificados, representados por Francisco Javier Hurtado, presentó en su momento una querella criminal por delito de incendio  y por falta de deberes funcionarios de parte de Gendarmería: “No puede ser que se evadan 260 reclusos  y se haga  un sumario que curiosamente no arrojó ninguna responsabilidad. Para el ministerio de Justicia todo funcionó fabuloso”, dice Hurtado.

El abogado ha presentado una nueva demanda en enero de este año para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, de la que fue notificado el Consejo de Defensa del Estado,  a través de su procurador en Chillán. La demanda persigue indemnización de perjuicios por la vía del  tecnicismo llamado “responsabilidad genérica de responsabilidad extracontractual”.

La grieta del Estado

 Para uno de los afectados, resulta curioso que haya que “demandar al Estado por un caso evidente de responsabilidad de sus instituciones, y que sean las familias que perdieron todo en una noche de terror provocada en una institución dependiente del ministerio de Justicia,  las que deban perseguir al propio Estado. Aquí se demuestra cómo el Estado pierde su sentido y en vez de proteger a los ciudadanos, los abandona o peor, los combate”.

 El abogado recuerda que la responsabilidad del Estado, ha sido también denunciada  y reclamada por la asociación de funcionarios penitenciarios.

Y hay más argumentos contra la desidia, histórica, del Estado en este caso. La grieta del muro que fue denunciada hace muchos años como peligrosa. Aurelio Quijada recuerda que esa fisura por la que se partió la pared se produjo en el terremoto de 1960, el año que él llegó a esa casa. Pasaron 50 años con esa grieta a la vista. “Lo  habíamos advertido desde hace muchos años porque esa fisura en el muro había quedado en el terremoto de 1960.  Se deterioró más con el terremoto de 1985”.

La cárcel de Chillán, a tres cuadras de la plaza, está en una manzana que tiene en su cara poniente, sobre la calle 5 de abril, una franja de 10 casas construidas en 1953 por la caja de Empleados Públicos de entonces, que fueron entregadas por la Corporación de la Vivienda de ese tiempo a estas familias.

La cárcel del Chacal de Nahueltoro

Aurelio también recuerda otro episodio marcado en la vida gracias a la vecindad de la cárcel. Fue en abril de 1963, cuando en uno de los patios interiores, fue fusilado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, el Canaca, un campesino analfabeto que en una borrachera había asesinado a su conviviente y los 5 hijos de ella.

La prensa lo bautizó como el Chacal de Nahueltoro y su historia, uno de los legendarios casos policiales del siglo pasado, dio origen a una célebre película de Miguel Littin. “Teníamos hijos chicos y mejor nos fuimos a dormir a otro lado ese día. Para no sentir que estaban matando a un hombre ahí, al otro lado”, recuerda el vecino Aurelio Quijada.

La ubicación de  la cárcel, en pleno centro de la ciudad, ha sido motivo de polémica desde hace muchos años. En el plan de cárceles concesionadas aprobado en el gobierno de Bachelet, ésta era una de las 4 que se iba a ser reemplazada antes de 2015, pero en el mismo lugar. En todos los casos,  la oposición de los vecinos paralizó  las construcciones, previstas para un promedio de 2000 reclusos.

La de Chillán lleva ya tres destinos fallidos. Cabrero, Bulnes y Chillán Viejo, la última en conseguir que no se construya en su comuna. El de Alhué es otro caso de fracaso en este plan del Ministerio de Justicia, uno de los asuntos pendientes en política penitenciaría.

La noche de la fuga murieron 4 presos. Horacio Núñez, de 41 años, imputado por robo a lugar habitado, perdió la vida quemado en uno de los incendios que hicieron en el interior de las celdas.

En la calle murieron los tres restantes.  Rodolfo Leal (31 años), imputado por hurto simple, Luis López (22 años), imputado por robo y Jonathan Aguirre (23 años), imputado por robo a lugar habitado. Todos baleados en la fuga, en la calle, por carabineros y  gendarmes que intentaron frenar la escapada.

Karina, hermana de Jonathan Aguirre, escribió un desgarrador relato sobre el destino de su hermano en un blog. Los familiares de estos presos no han conseguido que un sumario o investigación judicial determine las responsabilidades de sus muertes.

Si te he visto no me acuerdo

Entre los casos más extraños y dramáticos de la noche que sacudió la tierra, las familias se resignan a un juicio largo por la resistencia del Estado. María Teresa Contreras, que vive de su pensión de  profesora, necesita que sus hijos le arrienden una casa. No podría pagársela. Ni las cuentas. Necesitó dos años de asistencia psicológica y continua en recuperación. Aurelio Quijada dejó de tener su casa arrendada a un buen restaurante. Horacio Villamán arrienda casa para su familia.

María Teresa Contreras recuerda lo mismo que Aurelio Quijada. Que en los días siguientes vinieron todas las autoridades, con televisión: el alcalde, seremis, diputados, senadores, todos. Pero no volvieron nunca más. Ninguno. Recuerda que algunos funcionarios les dijeron que su caso era complicado porque “como eran de clase media tenían más medios para arreglárselas. Imagínate con mi pensión de profesora”, dice.

Aurelio Quijada reflexiona sobre los políticos y el abandono: “nunca logramos en estos 4 años obtener una pronunciación definitiva de las autoridades. Conversamos con tres ministros de Justicia. Hasta el presidente de la República Sebastián Piñera cuando estuvo en Chillán ofreció que iba a sacar la cárcel pero a las dos semanas el ministro de justicia desmentía al Presidente. No conseguimos nada”.

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