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7 de Agosto de 2014

Cúpula de la DINA suma nueva condena por asesinato de pareja opositora en Providencia

Alejandro de la Barra Villarroel y su esposa, Ana Maria Puga Ortiz, fueron asesinados a mansalva en las afueras de un jardín de infantes en Providencia, al que fueron a buscar a su hijo de un año el 3 de diciembre de 1974, según señala el expediente.

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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy penas de prisión contra siete antiguos agentes de la policía política de Augusto Pinochet, por el asesinato de un matrimonio de opositores a la dictadura ocurrido a fines de 1974.

Alejandro de la Barra Villarroel y su esposa, Ana María Puga Ortiz, fueron asesinados a mansalva en las afueras de un jardín de infantes en Providencia, al que fueron a buscar a su hijo de un año el 3 de diciembre de 1974, según señala el expediente.

Cientista político, De la Barra era hijo del dramaturgo Pedro de la Barra, fundador de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Artes, mientras su esposa era actriz y profesora.

Ambos eran además miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que combatió con las armas contra la dictadura, aunque el día del asesinato estaban desarmados y fueron acribillados sin previo aviso.

El fallo, dictado de forma unánime por la III Sala del tribunal de alzada, modificó un punto de la sentencia de primera instancia, emitido en julio de 2013 por el juez especial Leopoldo Llanos, elevando la participación penal del brigadier Miguel Krassnoff de encubridor a autor, por lo aumentaron su condena original de cinco años de prisión a otra de 15 años tras las rejas.

También recibieron una pena de 15 años el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el brigadier Pedro Espinoza y los coroneles Marcelo Moren Brito y Ricardo Lawrence. A 10 años de prisión, en calidad de cómplice, fue condenado el exagente Eduardo Jaime Astorga.

En la parte civil, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 50 millones de pesos a Rodrigo Hernández Puga, hijo de la mujer asesinada y de una suma similar, cofinanciada por los condenados, a Álvaro de la Barra Puga, el hijo al que sus padres iban a buscar al jardín de infantes cuando fueron asesinados.

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