Posibles conflictos de interés: Parlamentarios discrepan sobre renunciar a “pololitos” y que sus cargos sean de dedicación exclusiva

Cuestionado por la Alianza por sus informes a Antofagasta Minerals mientras era Presidente de la Comisión de Minería, y emplazado a entregar una explicación en 24 horas por el posible conflicto de interés derivado de esta situación, el ministro Jorge Insunza decidió hoy entregar su versión a la prensa.

Y en su defensa, ocupó un argumento legal: “En Chile nosotros no tenemos una prohibición de que los Parlamentarios podemos tener algunas sociedades en las cuales podemos realizar otros trabajos profesionales (…) Y si el punto es que los Parlamentarios deberían tener una dedicación exclusiva, sería bueno que el país discutiera. Pero que hoy día no está en nuestra legislación”.

En ese sentido, el ministro no se equivoca. La ley en Chile  establece que los parlamentarios no pueden tener empleos vinculados al Estado ni tampoco ofrecer servicios a este. Tampoco representar o gestionar intereses privados, es decir, ser lobistas. Sin embargo, sí pueden desarrollar actividades profesionales para el sector privado, lo que eventualmente puede generar conflictos de interés. Por eso, la Comisión Engel entre sus propuestas estableció que la función parlamentaria sea de dedicación exclusiva.

“Es lógico pensar que con un honorario que es relativamente alto y para evitar cualquier tipo de conflicto de interés, es necesario que tengan dedicación exclusiva los parlamentarios”, dice el académico Claudio Fuentes, ex miembro de la Comisión Engel. Sin embargo, esta medida aún no ha sido enviada por el Ejecutivo al Congreso. Y el plazo de 45 días que se auto impuso la Presidenta para enviar toda la batería de proyectos basados en el informe del Consejo Asesor Presidencial, termina en un par de semanas.

En el Senado actualmente se encuentra el proyecto que propone el fideicomiso ciego para parlamentarios. Con esto cualquier legislador que tenga participación en una sociedad tendrá que dejar su administración a un tercero y no podrá tener ningún vínculo con ella. De haber estado esa norma vigente, el ministro Insunza no habría podido elaborar informes para Antofagasta Minerals a través de su sociedad Virtus Consultores. Pero eso no evitaría que algún legislador, no conforme con su sueldo 40 veces superior al salario mínimo, pudiera decidir “hacer un pololito” y facturar a alguna empresa privada de manera personal.

Otro punto es el Artículo 62 de la Constitución, que consigna: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”. Algo que algunos interpretan como una prohibición de desarrollar actividades profesionales extra, aunque se refiere más bien a un límite de las remuneraciones que entrega el Estado.

En las declaraciones de los parlamentarios, catalogadas unánimemente como insuficientes y que serán modificadas una vez aprobada la “Ley de Probidad” en trámite, si bien están explícitas las sociedades en las que participan los legisladores, no se deja claro en todos los casos si las administran o si ejercen su profesión en otras oportunidades.

Sin embargo, los parlamentarios están abiertos  a abrir el debate. “Si uno está en una función parlamentaria debe inhibirse de que haya cualquier sospecha de cualquier cosa”, dice el senador PS Rabindranath Quinteros, miembros de la Comisión de Gobierno que tramita la Ley de Probidad.

El DC Andrés Zaldívar, comparte este criterio: “Un parlamentario no puede ejercer acciones que correspondan a prestaciones de servicio. Salvo que fuera un ejercicio  profesional de abogado y que atendiera a un particular. Yo a veces he redactado escrituras de compra-venta, pero no para mÍ, sino que para una persona amiga, eso podría hacerlo (…) Pero hay que regularlo, esto tiene que ser lo más transparente posible”.

En la Alianza en cambio hay posturas encontradas. El senador UDI de la Comisión de Probidad, Víctor Pérez, dice que “está abierto a legislar sobre el tema”. Pero sostiene que no debe ocuparse este argumento para quitarle responsabilidades al ministro Insunza: “No creo que deba modificarse la legislación al respecto para encontrar absolutamente fuera de norma una asesoría a una empresa minera como la que hemos conocido del ministro Insunza. El ordenamiento jurídico hoy día da cuenta de la imposibilidad normativa para asesorar empresas que tienen vínculos con el Estado”, dice Pérez, que argumenta que en este caso la minera tiene una concesión que es otorgada por el Estado.

De todas formas, Pérez “está abierto a debatir el punto”. Mientras que el diputado RN José Manuel Edwards, uno de los que emplazó al ministro Insunza, no considera necesario legislar al respecto. “Hay que separar las situaciones. No sé si me parece que los diputados tengan que tener dedicación exclusiva. Lo que no debe ocurrir es que tengan un conflicto de interés cuando haya una legislación. Que es el caso que hemos visto acá con el ministro Insunza”, dice el diputado. Por mientras, los parlamentarios pueden seguir haciendo pololitos, si es que el tiempo les alcanza. Salvo que el Ejecutivo envíe algún proyecto de ley en las próximas semanas. O que desde el propio Congreso se tome la iniciativa.