Colegio de Periodistas por sanciones ante filtraciones: "La democracia se verá aún más dañada"

Luego de que se difundiera el acuerdo que llegó la Comisión de Constitución del Senado y que fuera refrendado la semana pasada, sobre sancionar las filtraciones en investigaciones, el Colegio de Periodistas expresó su rechazo a esta determinación, en especial considerando que las pena podrían ir de 61 a 540 días.

Al rechazo que esta decisión ha generado entre los fiscales, se sumó la orden profesional, toda vez que el ámbito de aplicación sería a todas las personas, incluidos los periodistas, “recrudeciendo penas de manera desproporcionada”, expresa la colegiatura.

El Colegio agrega que han sido los propios periodistas quienes en diversas ocasiones han develado ilícitos en el ámbito de la política e intereses privados o permitir que la ciudadanía conozca estos hechos.

“Una democracia fuerte más que poner trabas a que la ciudadanía se informe sobre temas de interés público profundiza la transparencia a todo nivel, incluso en el actuar del sistema judicial”, señalaron.  La entidad agrega que “más aún, nos preocupa y es una muy mala señal, que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida.  Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos, más que una preocupación real por cuidar las investigaciones”.

Desde el Colegio de Periodistas puntualizaron que esta determinación generaría una vulneración potencial al derecho humano a la información. Concluyeron señalando que “la posibilidad de informar y estar informado es un derecho humano.  Y claro está que no debe abrirse puerta alguna a su conculcación, pues la democracia se fortalece con transparencia y no con oscurantismo”.

En la organización harán gestiones para que el articulado sea rechazado en la Cámara de Diputados, con el fin de que en Comisión Mixta se deseche definitivamente, al igual que otros artículo atentatorios contra los derechos individuales, como el control preventivo de identidad.