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5 de Abril de 2018

Cristina Girardi sale en defensa de antivacunas por pago de costas de juicio para no inocular a sus hijos

La diputada también presentará un proyecto de ley que establece que los establecimientos no pueden prohibir la matricula o asistencia de alumnos a estos condicionada al uso de medicamentos.

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Este jueves, la diputada PPD Cristina Girardi salió en defensa de un grupo de padres antivacuna que denuncia que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está obligándolos a pagar $500 mil por las costas del proceso judicial que protagonizaron para evitar que sus hijos recibieran la vacuna del papiloma humano (VPH).

En septiembre de 2016, un grupo de padres había presentado un recurso de protección para que ésta no sea obligatoria para los menores de edad, acusando supuestos efectos adversos del Gardasil, uno de los componentes de esta inyección, en medio de la campaña del Gobierno para vacunar a niñas entre 4° y 5° básico para establecimientos públicos y privados.

El caso fue desestimado por la Justicia, debido a que el Ministerio de Salud se defendió argumentando que se entregaban formularios de aceptación por parte de los padres a la vacuna en todo tipo de planteles, pero que eran los colegios los responsables de no entregarlos a los padres en los establecimientos estatales, a diferencia de lo que ocurre en los privados.

Junto a la ONG Infancia Chile y el Movimiento Antivacunas, la diputada Girardi cuestiona el hecho de que se les esté cobrando a los padres las costas del proceso.

Medicamentos obligatorios

Durante la jornada, la parlamentaria también presentará un proyecto de ley junto a la misma ONG que establece que los establecimientos no pueden prohibir la matricula o asistencia de alumnos a estos condicionada al uso de medicamentos como el Ritalín, para los casos de menores que han sido diagnosticados con hiperactividad y otras patologías.

Girardi ya había presentado una indicación de este tipo en la reforma a la Nueva Educación Pública, el que fue incorporado y aprobado para todos los establecimientos públicos. Sin embargo, esta nueva iniciativa propone incorporar la normativa para todo el sistema educacional en la Ley General de Educación, lo que había sido un compromiso de la ex ministra Adriana Delpiano, pero que finalmente no llegó a concretarse en las indicaciones del Ejecutivo a la reforma educacional.

“Esto es sumamente grave porque estos medicamentos tienen efectos adversos para la salud de los niños y el Estado no tiene la capacidad de hacer un seguimiento a cada uno para determinar su correcto uso”, afirma Girardi a El Dínamo, en relación al uso de remedios como Ritalín que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) están recomendados en último caso, tras otro tipo de terapias, pero que se aplican casi transversalmente a todos los menores.

La diputada PPD explica que “hay papás que se niegan a utilizar estos medicamentos porque prefieren hacerlo con flores de Bach” y que el Estado no puede obligarlos a usarlos. “Hay cientos de denuncias por casos de profesores que han dado el remedio a estudiantes sin consentimiento de sus padres o que se les ha dado a menores de seis años, lo que está contraindicado, así como administrarlo sin probar terapias sicológicas primero”, critica.

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