Caso Romario Veloz: prisión preventiva para oficial de Ejército que ordenó disparar contra manifestantes
El capitán deberá mantenerse bajo la medida cautelar más gravosa, luego de que se comprobara que dio la orden para los disparos que terminaron con la vida del joven.
Por Brenda Martínez
El joven murió debido a las lesiones provocadas por los disparos de los uniformados. Foto: Agencia Uno
El Juzgado de Garantía de La Serena decretó la prisión preventiva para el capitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda, acusado de ordenar los disparos que terminaron con la muerte Romario Veloz en medio de manifestaciones ocurridas en octubre de 2019 en dicha ciudad.
En la instancia de formalización también se consideraron las lesiones sufridas por Rolando Robledo y César Véliz, quienes también recibieron disparos por parte de militares que aquel 20 de octubre se encontraban en las cercanías de la manifestación.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se logró acreditar que fue Faúndez quien dio la orden de disparar contra los manifestantes en al menos dos oportunidades.
“El capitán instruye a los conscriptos y soldados profesionales. Se da una primera orden de disparo (…) Se realizó a través de un ademán. Estaba dando instrucciones con su mano y si algo se extrae de estos registros visuales, él no portaba arma, sólo daba instrucciones”, sostuvo el magistrado Roberto Gahona en su resolución.
El juez explicó que la orden del militar que fue obedecida por sus subalternos provocó graves heridas en Rolando Robledo, quien fue la primera víctima, y que se encontraba “a una distancia aproximada de 27 a 29 metros. Eso pudo establecer el perito”.
“Luego, a eso de las 18:18 horas, él habría dado una segunda orden de fuego, la que tuvo como consecuencia que resultara herido la víctima Romario Veloz, quien falleció en el lugar”, agregó el magistrado.
En la instancia también se destacó que los militares que dispararon en contra de las víctimas recogieron los casquillos de las balas. Asimismo, el magistrado determinó que la fiscalía dispondrá de cuatro meses para concluir las indagatorias.
