¿Genios con Excel?: la verdadera historia del fin de la producción de vacunas en Chile

La Universidad Católica sorprendió durante esta semana al informar sobre la coordinación con el laboratorio chino Sinovac Biotech que podría derivar en la producción de la vacuna contra el COVID-19 en Chile, fabricación que estuvo paralizada en nuestro país por casi dos décadas.

La noticia generó diversas opiniones, entre ellas la del periodista Daniel Matamala, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter apuntó a “algún genio del Excel” que decidió que el país abandonara la fabricación de dosis para centrarse exclusivamente en la importación.

EL DÍNAMO conversó con algunas ex autoridades sanitarias que ejercían cargos durante 2002, año en el que el Instituto de Salud Pública (ISP) paralizó la fabricación de las vacunas.

El alto financiamiento asociado no solo a la fabricación, sino que al desarrollo e innovación tecnológica que requiere la elaboración de estos productos farmacológicos, hizo que el Gobierno apostara por la compra total de fórmulas desde el exterior.

La pandemia de COVID-19 y su rápido avance hicieron que la fabricación propia se transformara en un tema de debate no solo para Chile, debido a que en otros países reconocidos por ser productores, como Argentina, Brasil y México, también ha existido una escasez en el suministro necesario para toda su población.

Los costos de la producción y desarrollo

Jeanette Vega, actual asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue directora del ISP cuando se decidió el fin de la producción de vacunas en Chile.

En palabras a EL DÍNAMO, la médica contó que por aquel entonces la fórmula que fabricaba la entidad pública era la vacuna antirrábica Fuenzalida-Palacios, reconocida por haber sido creada en su totalidad en nuestro país durante la década de los ’50.

“Ese año se hablaba que se tenía que extender una fábrica de vacuna que estuviera separada de la agencia reguladora (ISP), porque tenía conflictos de interés“, explicó Vega, quien contó que “se hizo un proyecto de planta de fase 3”, el que no vio la luz.

Gonzalo Navarrete, ex subsecretario de Salud. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La también ex directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) explicó que las decisiones sobre la elaboración de inyecciones pasaban principalmente por el Ministerio de Salud (Minsal), que determinó paralizar el proceso.

Gonzalo Navarrete, quien en esa época se desempeñaba como subsecretario de Salud nombrado por el ex presidente Ricardo Lagos, contó que detrás del fin de la producción de vacunas por parte del ISP “ocurrieron dos fenómenos”, los que explican en parte las razones que en ese momento tuvo Chile para renunciar a la fabricación.

“Se sacó en el ISP una nueva norma de buenas prácticas de manufactura para fármacos y productos biológicos para uso humano. Lo primero que pasó es que la maquinaria que tenía el ISP en ese momento era muy antigua y la infraestructura física no cumplía con lo establecido. Además, el ente regulador tenía que controlar a su propia planta“, explicó la ex autoridad a EL DÍNAMO.

Navarrete relató que para sacar adelante la producción se requería de un presupuesto alto, cercano a los US$50 millones, para el establecimiento de un proyecto de planta propia. “Se hizo la presentación y en Hacienda nos dijeron que no había el dinero suficiente y que si se podían exportar las vacunas no habría problemas”, añadió.

El también ex alcalde de Lo Prado comentó que “en ese tiempo la mirada era que Chile era productor de materias primas y no de tecnología, lo que hacía difícil hacer la inversión”, agregando que detrás del fin de la fabricación de la vacuna “hubo una decisión política-ideológica sobre el rol del Estado subsidiario“.

Problemas de suministro en los países fabricantes

Jeanette Vega actualmente se desempeña como asesora de la OMS. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La producción de una vacuna consiste en dos etapas, las que tanto para Chile como para cualquier país del mundo implican una altísima inversión en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, especialmente por la labor de muchos investigadores.

En su rol como asesora de la OMS en América, Vega afirmó que “hay que tener un aumento significativo del presupuesto de innovación y desarrollo sostenido en el tiempo, que sea sostenido más allá de los 150 millones de dólares”.

En este aspecto, la especialista señaló que uno de los aspectos es la fabricación de las dosis, la que puede coordinarse con proyectos puntuales como el de Sinovac y la Universidad Católica, pero el paso anterior es el del desarrollo directo de los sueros, para el cual “se requiere una masa crítica de investigadores”.

La médica destacó la labor que está realizando en Chile el académico Alexis Kalergis, quien busca patentar la vacuna recombinante Bacilo de Calmette y Guerin (BCG) contra el COVID-19, aunque advirtió que en nuestro país “escasamente se financia la innovación, porque se necesita no solo un aumento de presupuesto, sino que una priorización de todo”.

En este sentido, Vega mencionó las dificultades que viven países reconocidos en la producción de vacunas en Latinoamérica como Argentina, México y Brasil, los que no han logrado avanzar en fórmulas propias a pesar de contar con plantas de diversos laboratorios globales. “El Instituto Butantan está intentando algo con una vacuna propia, pero ha sido difícil”, añadió.

Justamente estas tres naciones han visto limitada su entrega de vacunas, ya que a pesar de tener fábricas no pueden desarrollarlas completamente para toda su población. Brasil ha tenido diversos problemas para recibir los insumos que le permiten elaborar la vacuna Sinovac, lo que ha impactado en su plan de inoculación.

Argentina y México, en tanto, habían anunciado la producción de entre 150 y 250 millones de dosis de la fórmula de AstraZeneca. Hasta ahora, la entrega de las dosis no se ha concretado por eventuales problemas en el envasado, el que está a cargo de los mexicanos. Ambos países han sostenido sus campañas de inoculación con donaciones desde Estados Unidos o compras de fórmulas fabricadas en China y Rusia.