Fiscales se reunirán para presentar propuesta a la Convención Constitucional
Más de 700 persecutores de todo el país se darán cita para dialogar y llegar a acuerdos respecto a qué características debería tener el Ministerio Público en la nueva Carta Fundamental.
Por Carlos Escobar
Las jornadas de trabajo se extenderán entre el 29 de mayo y el 25 de junio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Los fiscales de todo el país se reunirán este fin de semana en asamblea para dialogar respecto a las características que debiera tener el Ministerio Público y la persecución penal en la nueva Carta Magna, con la finalidad de presentar una propuesta a la Convención Constitucional.
La convocatoria, organizada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), apunta a establecer un diálogo abierto y democrático con los más de 700 fiscales que forman parte del gremio, quienes contarán con la asesoría de docentes de los departamentos de Derecho Público y Derecho Procesal de la Universidad de Chile.
“Necesitamos que los constituyentes conozcan el trabajo que hacen los fiscales y también plantearles nuestros puntos de vista, dado que con nuestra labor aportamos a una mejor función del estado democrático de derecho y garantizamos que la persecución penal respete las garantías constitucionales de las personas en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló Francisco Bravo, presidente de la ANF.
Las jornadas de trabajo se extenderán entre el 29 de mayo y el 25 de junio. Además, se discutirán en comisiones para abordar: autonomía, independencia y ámbito de competencias judiciales del Ministerio Público; labores investigativas del Ministerio Público, relación con entes públicos auxiliares (policías) y obligaciones con víctimas y testigos; carrera funcionaria y designación, inamovilidad y responsabilidad de fiscales y fiscales, derechos, garantías y otras materias constitucionales.
El presidente de la ANF concluyó que esta es “una gran oportunidad para mejorar la persecución penal, corregir las deficiencias existentes y en términos constitucionales mejorar las capacidades del Ministerio Público en materia de eficiencia, eficacia y oportunidad y particularmente hacer frente a las exigencias ciudadanas sobre una mayor igualdad ante la ley”.
