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CAM aseguró que tomó dos fundos en Carahue por inicio de "proceso de recuperación"

La organización radical señaló que durante el jueves los ORT ocuparon los predios San Guillermo y la Liebre de forestal Mininco.

Según la CAM, durante la semana pasada se tomaron siete predios en la comuna de Angol. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Según la CAM, durante la semana pasada se tomaron siete predios en la comuna de Angol. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) anunció que durante el jueves sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT) se tomaron dos fundos en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía, en lo que llamaron el inicio de la “recuperación y expulsión” de las forestales.

La organización liderada por Héctor Llaitul informó a través del sitio Werkén Noticias que sus integrantes ocuparon los fundos San Guillermo y la Liebre, predios pertenecientes a la forestal Mininco.

De acuerdo a la publicación, con esta “recuperación” la CAM busca dar “una fuerte señal y respuesta al gobierno de Gabriel Boric”, que durante los últimos días ha criticado a la agrupación radical y a su vocero.

Según la CAM, durante la semana pasada se tomaron siete predios en la comuna de Angol.

El debate por la querella a Llaitul

Estas eventuales ocupaciones surgieron luego que Héctor Llaitul anunciara una estrategia de “sabotaje” en contra de las empresas forestales de la Macrozona Sur, la que se centraría en los ataques a las maquinarias.

Los dichos del referente de la CAM generaron una discusión por la necesidad de una querella por Ley de Seguridad del Estado por parte del Gobierno para su persecución. Inicialmente, algunas autoridades del Ejecutivo como el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y la vocera Camila Vallejo, plantearon que no se tomarían nuevas acciones legales.

Días después, la titular del Interior, Izkia Siches, dio cuenta de un giro del Gobierno en la materia y anunció la aplicación de la querella en contra de Llaitul, al considerar que sus declaraciones eran constitutivas de delito al atribuirse la participación en hechos de violencia.

El tema generó un profundo debate con el Ministerio Público, que precisó que para investigar las declaraciones del vocero de la CAM requería de una querella bajo el amparo de la Ley de Seguridad del Estado.

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