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Director de HRW por indulto a detenidos en el estallido social: “Me parece un grave error”

El director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, además, descartó que en Chile existan presos políticos.

Vivanco aseguró que en Chile no existen presos políticos. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Vivanco aseguró que en Chile no existen presos políticos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se refirió al proyecto que se discute en el Congreso y que busca entregar un indulto a los detenidos durante el estallido social. Esta semana, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Seguridad.

En conversación con El Mercurio, Vivanco aseguró que este proyecto “me parece un grave error”, aunque destacó que “está claro que durante el estallido social Carabineros cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos que exigen una reforma profunda de esta institución, así como procesos judiciales serios que lleven a los autores de estos abusos ante la justicia”.

Aún así, planteó que “no creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas”, porque “desincentiva la obligación de protestar pacíficamente”.

“Quienes hayan cometido un delito deben ser juzgados con todas las garantías del debido proceso. Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales para asegurar el respeto pleno del debido proceso de los manifestantes acusados por delitos y, al mismo tiempo, iniciar una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo sobre prisión preventiva, que se prestan a abusos”.

En la misma línea, Vivanco descarta que en Chile existen presos políticos tras el estallido social. “La categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión”, argumentó.

“También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas. Nosotros no conocemos evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile”, cerró.

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