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Fiscalía Nacional registró 529 mil imputados por delitos contra la salud pública

El Ministerio Público informó que el 60% ya fue condenado por los tribunales de justicia en los trece meses de pandemia que lleva nuestro país.

Fiscalía Nacional registró 529 mil imputados por delitos contra la salud pública
Fiscalía Nacional registró 529 mil imputados por delitos contra la salud pública
Por:  Carlos Escobar

La Fiscalía Nacional informó que 529.357 personas han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública desde la llegada del COVID-19 al país.

De esa cifra, 318.922 personas ya fueron condenadas por los tribunales de justicia, lo que equivale a un 60%.

La Fiscalía Nacional detalló que un total de 446.386 imputados han sido formalizados o requerido en juicio simplificado y/o monitorio.

Además, informaron que esta cifra “forma parte de la postura institucional y, particularmente, de los criterios de actuación impartidos por el fiscal nacional, Jorge Abbott, de focalizar la persecución penal, principalmente, en reincidentes, empleadores y organizadores de fiestas o eventos prohibidos”.

Desde mediados del año pasado se ha utilizado un criterio enfocado en tres áreas específicas: empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.

Respecto de los trabajadores que son obligados bajo amenaza por el empleador, el Ministerio Público señaló que a ellos “no los perseguirá porque entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener”.

Eso sí, advirtió que, en el caso de organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, así como los asistentes serán perseguidores porque “considera que son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva”.

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