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Fiscalía cita a declarar a Ricardo Yáñez como imputado por causa de DD.HH. en el estallido social

El general director de Carabineros, que en 2019 estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, tendrá que declarar ante la fiscal Ximena Chong.

El general Yáñez había prestado declaración el año pasado ante la fiscal Claudia Perivancich. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El general Yáñez había prestado declaración el año pasado ante la fiscal Claudia Perivancich. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, deberá declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía por una causa asociada a los hechos de violencia y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido social.

El jefe policial, que en 2019 estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, tuvo que enfrentar los momentos más complejos de la revuelta. Según la versión que le entregó al Ministerio Público y a la Contraloría en el marco de investigaciones por estos hechos, tenía funciones relacionadas con “planificar, dirigir y controlar la actividad policial a nivel nacional”.

La causa se inició el mismo año 2019, primero a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y hoy la encabeza Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la actual fiscal a cargo de la investigación citó a declarar a Yáñez en calidad de imputado, pesquisa que se agendó para la próxima semana.

El abogado Jorge Martínez, a quien general director de Carabineros le entregó patrocinio y poder, señaló al mismo matutino que al igual que como lo ha hecho a lo largo de la investigación, colaborará en la entrega de todos los antecedentes requeridos en la indagatoria y que ya se puso a disposición de la fiscalía, en la calidad que estime conveniente.

Si bien la declaración se da el marco de la indagatoria por lesa humanidad, se relaciona con una nueva causa que se sustenta en dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, las que apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de “mando” por supuestos “delitos de omisión” en apremios ilegítimos durante el estallido, entre el 18 de octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2021.

Declaración anterior y estudio que descarta delitos

Ricardo Yáñez ya había declarado el año pasado por la causa de lesa humanidad ante la fiscal Perivancich, en donde planteó que “mi rol era de dirección, planificación, control y supervisión a través de los distintos jefes de zona para mantener los servicios operativos conforme a la misión institucional que recae en la institución a nivel nacional”. Uno de ellos el “control del orden público”.

También explicó que “desde el 18 de octubre la comunicación era diaria y permanente (…) se canalizaba a través de los jefes de zona que son quienes informan a Dioscar (Dirección de Orden y Seguridad), a mí concretamente”.

“Dentro del informe referido se incluía el reporte de personas lesionadas en manifestaciones, fueran carabineros o civiles. En algunos casos no contábamos con la individualización del lesionado, pero se informaba igual, porque esas fueron las instrucciones impartidas, además de formular las denuncias al Ministerio Público, incluyendo la información del personal de Carabineros involucrado en el procedimiento y del funcionario que había hecho uso del armamento”, dijo ante la persecutora.

El jefe de Carabineros también descartó “absolutamente” la existencia de una supuesta política de ataque sistemático contra la población civil, destacando que “la mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros”.

La defensa recurrió además a otro estudio presentado por la defensa, pero en la causa de lesa humanidad se descartan delitos.

Se trata de un informe de Alicia Gil Gil, directora del Departamento de Derecho penal y Criminología de la UNED de Madrid. El documento se refiere a “la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de los Carabineros de Chile durante el llamado estallido social”, entre 2019 y 2020.

“A la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vivió, durante el llamado estallido social, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venía ejerciéndolas habitualmente”, señala el texto.

Además manifestó que “siguiendo los razonamientos de la fiscal de la CPI, hay que atender al hecho de que no todos los manifestantes fueron atacados (de hecho, la mayoría de los millones de intervinientes en las manifestaciones no sufrieron ningún daño). Además, tampoco se constata un patrón consistente de atacar a los opositores al gobierno fuera del contexto de las manifestaciones”.

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