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Fiscalía no investigará paro de camioneros por falta de querella por Ley de Seguridad del Estado

El Ministerio Público dejó en claro que para poder indagar estos hechos, el propio Ejecutivo debería querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado, lo cual no ha ocurrido. 

Esto, tras los dichos del dirigente Juan Araya, quien acusó a La Moneda de instigar la paralización nacional con fines legislativos. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Esto, tras los dichos del dirigente Juan Araya, quien acusó a La Moneda de instigar la paralización nacional con fines legislativos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional determinó que no puede abrir una investigación de oficio contra quienes estuvieron detrás del paro de camioneros que se registró en agosto de 2020, ante la falta de una querella por Ley de Seguridad del Estado por parte de La Moneda. 

Esto, luego que Jorge Abbott pidiera analizar los dichos realizados por Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), quien aseguró que la movilización fue instigada por el Gobierno para lograr la aprobación de la Ley Juan Barrios y la Ley de Control de Armas en el Congreso. 

Según las conclusiones de la Unidad Jurídica, dadas a conocer por La Tercera, las conductas involucradas solo podrían caer en los tipos legales de la Ley de Seguridad del Estado, en especial el artículo que señala que "cometen delitos contra el orden público los que provocaran desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública”.

También se considera a quienes “inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”.

El Ministerio Público dejó en claro que para poder indagar estos hechos, el propio Ejecutivo debería querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado, lo cual no ha ocurrido. 

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