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Fraude en Ejército: Ministra Romy Rutherford notifica de procesamiento a cinco generales en retiro

La magistrada sometió a proceso a Guillermo Porcile Arellano, Alberto  González Martin, John Griffith Spielman, Sergio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía.

Finalmente se decretó el arraigo nacional de pleno derecho de los cinco procesados. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Finalmente se decretó el arraigo nacional de pleno derecho de los cinco procesados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford Parentti notificó a 5 generales en retiro su procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos en el  caso Fraude en el Ejército, ilícitos cometidos en diciembre de 2007 y marzo de 2018.

La magistrada sometió a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto  Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía de la resolución que los encausa como autores de estos delitos por distintos montos y periodos de tiempo.

En el caso de Porcile Arellano el procesamiento es por un monto total de $ 151.698.748  por ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y enero de 2011;  respecto de González Martin el procesamiento es por un monto de $ 91.978.555 por delitos entre enero de 2011 y enero de 2013; en cuanto a Griffiths Spielman la decisión implica un monto de $ 84.483.760 por el lapso entre enero de 2014 y diciembre de 2014; en el caso de Ahumada Labbé el monto defraudado es $ 81.571.378 entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016; finalmente el procesamiento de Llanca Zuazagoitía  fue por $ 45.581.076 entre enero de 2017 y marzo de 2018.

En el caso de Griffiths Spielman, ex jefe del Estado Mayor, reconoció que pidió al Ejército que le reembolsara USD 15.000 por pasajes aéreos para él y su familia por una comisión de servicio en Washington, cuando el costo real de los tickets fue menor a los USD 6.000.

Los montos del perjuicio fiscal se encuentran actualizados a la fecha.

La ministra Rutherford decretó además el embargo de bienes de los procesados  por $ 170.000.000 respecto de Guillermo Porcile; $ 100.000.000 respecto de Alberto González; $ 93.000.000 respecto de John Griffth; $ 88.000.000 respecto de Sergio Ahumada y $ 50.000.000 respecto de José Manuel Llanca.

Finalmente se decretó el arraigo nacional de pleno derecho de los cinco procesados.

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