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Justicia ordena a Cesfam evaluar interrupción de embarazo por anticonceptivos fallidos

La Corte de Apelaciones estableció el actuar arbitrario e ilegal del centro de salud familiar, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.

La recurrente es una de los más de 100 casos de anticonceptivos fallidos entregados por centros de salud. Foto: Agencia UNO/Archivo
La recurrente es una de los más de 100 casos de anticonceptivos fallidos entregados por centros de salud. Foto: Agencia UNO/Archivo

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección contra el Cesfam Alberto Allende Jones de Talagante y le ordenó evaluar la interrupción del embarazo de una joven afectada por la entrega de anticonceptivos fallidos.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del centro de salud familiar, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.

La resolución agrega “que, al margen de las alegaciones expuestas respecto de encontrarse o no la recurrente (…) en un riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evitaría un peligro para su muerte, lo cierto es que el libelo pretensor circunscribe la acción a la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido el Cesfam Alberto Allende Jones de la comuna de Talagante, al no darle respuesta a su solicitud para practicar la interrupción de su embarazo”.

Junto con ello, argumentó que el centro de salud “ha incurrido en una omisión que no sólo resulta caprichosa y por tanto arbitraria, por ser la recurrente una mujer vulnerable usuaria de un servicio público de salud que habría resultado embarazada a causa de cápsulas anticonceptivas defectuosas proporcionadas por el mismo servicio, sino también resulta ilegal desde que, ha conculcado el derecho que el artículo 119 del Código Sanitario le confiere a toda mujer embarazada para solicitar la interrupción voluntaria del mismo, en la medida que se constate la concurrencia de los supuestos establecidos en la ley y que, precisamente, el Cesfam Alberto Allende Jones estaba obligado a evaluar”.

El tribunal recalca que la omisión “arbitraria e ilegal” puso “en en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica” de la mujer involucrada, por lo que se ordena evaluar en un plazo de cinco días la interrupción del embarazo.

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