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Las decisiones y polémicas que marcaron la gestión de la pandemia de COVID-19

El fin del uso obligatorio de mascarillas y la eliminación del pase de movilidad cerrará una etapa compleja de la crisis sanitaria, marcada por las críticas.

La pandemia se transformó en tema de debate y polémicas en el mundo político. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La pandemia se transformó en tema de debate y polémicas en el mundo político. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que a partir del 1 de octubre Chile entrará a una fase de apertura de la pandemia de COVID-19, lo que pondrá fin al uso obligatorio de mascarillas, descontinuará el pase de movilidad y eliminará los aforos para los eventos masivos.

Las modificaciones se aplicarán tras más de dos años de una crisis sanitaria aguda, la que complicó a un país que enfrentaba las consecuencias del estallido social del 18 de octubre de 2019.

El desconocimiento sobre el coronavirus, la confusión en la aplicación de algunas medidas y las dudas sobre la gobernanza de la pandemia hizo que surgieran polémicas que enfrentaban al Ejecutivo con la oposición. En paralelo surgieron las voces de los gremios y de algunos analistas, que entregaron un mayor condimento a un problema que parecía fuera de control.

La alta cobertura de vacunación, agregado a los cuidados generales aplicados por la propia población, permitieron disminuir las hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2, dejando atrás algunos momentos controversiales que incluso terminaron en la justicia.

La confusión en las cuarentenas

En marzo de 2020, luego que el Gobierno decretara estado de emergencia para el territorio nacional, el Ministerio de Salud (Minsal), que por ese entonces estaba liderado por Jaime Mañalich, comenzó a aplicar cuarentena por comunas e incluso sectores específicos al interior de la ciudad, considerando la incidencia de casos nuevos.

La medida fue duramente cuestionada, ya que algunos especialistas pidieron que regiones como la Metropolitana fueran consideradas como un conjunto. El 27 de mayo de 2020 la autoridad anunció la cuarentena total para todas las comunas de Santiago, en el primero de varios confinamientos que se decretaron posteriormente.

Las cifras de fallecidos

Las estadísticas sobre las víctimas dejadas por la pandemia fueron tema de debate desde el inicio de la pandemia. En sus reportes diarios, el Minsal consideró a las personas fallecidas que habían dado positivo a COVID-19, mientras que en los informes epidemiológicos semanales se daba cuenta de los llamados “casos probables”.

La metodología de la estadística fue objeto de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la que con votos de la entonces oposición acusó a las autoridades de “entregar información errónea” y no apegada a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta materia.

Tras el cambio de Gobierno, el reporte diario informó de los fallecidos confirmados por PCR y los llamados “probables”. Aquellas cifras unidas alcanzaron las 60 mil personas a mediados de septiembre de este año.

Ventiladores y Espacio Riesco

En abril de 2020 el Minsal se vio envuelto en una controversia por la entrega de más de 500 ventiladores mecánicos, los que fueron importados desde China. Los elementos -fundamentales para atender a los contagiados más graves- habían sido donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

En 2021, un informe de misma cartera que reveló que sólo 32 de los 512 respiradores mecánicos que llegaron al país estaban aptos para ser usados.

A esta controversia se sumó la instalación de un centro de salud al interior de Espacio Riesco. La forma en la que se generaron los contratos desataron las dudas y llevaron a que la Contraloría General de la República (CGR) iniciara una auditoría hacia la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En julio de este año, el organismo emitió un informe en donde precisó que “en la implementación del aludido centro hospitalario (…) no se efectuó un análisis integral del proceso y de sus costos totales; afectándose el correcto proceder en la determinación de los precios y en la verificación y control de las operaciones ejecutadas por la empresa en el marco de la habilitación de dicho inmueble, lo que no se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia, control, coordinación y transparencia”.

El cierre de colegios

El cierre de los colegios por la pandemia de COVID-19 fue otro punto crítico, que enfrentó a diversos actores involucrados.

En 2020, a inicios de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación (Mineduc) decretó la suspensión de las clases presenciales. Con esto, los estudiantes de enseñanza parvularia, básica y media debieron tomar clases online.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, intentó empujar el regreso de los estudiantes a las aulas, apuntando a los efectos negativos del cierre de las escuelas en el desarrollo de los niños y adolescentes. En octubre de 2020, tras una leve baja en los casos, buscó reabrir algunas escuelas, encontrando la férrea oposición del Colegio de Profesores.

En marzo de este año, y tras más de dos años, la autoridad estableció el retorno de las clases presenciales obligatorias con protocolos sanitarios.

El rol de los gremios

Algunos gremios y asociaciones profesionales tomaron un rol activo en la pandemia, lanzando duras críticas hacia la gestión del Gobierno.

El más visible de todos fue el Colegio Médico. La entidad, que en los momentos más complejos de la crisis era encabezada por Izkia Siches, cuestionó gran parte de las decisiones del Minsal. La líder gremial fue ganando notoriedad, especialmente tras una polémica entrevista al podcast La Cosa Nostra, donde lanzó duras declaraciones con contra del entonces ministro Enrique Paris.

Otro actor relevante en estas controversias fue el Colegio de Profesores. Durante gran parte de los dos años de restricciones sanitarias buscó que las clases presenciales fuesen suspendidas, a pesar de que organismos internacionales como Unicef y Unesco recalcaban la importancia de la apertura de las escuelas bajo condiciones sanitarias seguras.

Los expertos críticos

Los especialistas en salud, especialmente los vinculados al área de la epidemiología y de la atención de urgencia, se tomaron los medios de comunicación, expresando sus críticas hacia gran parte de las decisiones que tomaba el Gobierno.

Uno de los más reconocidos fue Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Massachusetts Boston, quien fue candidato a constituyente por Apruebo Dignidad. El sicólogo y salubrista cuestionó incluso la capacidad que tendría el Ejecutivo para vacunar a la población contra el COVID-19. 

En marzo de 2021, en una columna publicada por Ciper Chile, reconoció que se había equivocado al subestimar el plan de inoculación del Gobierno, admitiendo que en sus inicios fue un “éxito”.

Otra figura crítica que surgió en medio de la crisis fue María Paz Bertoglia. La kinesióloga y Magíster en Epidemiología lanzó duras críticas por el manejo de la pandemia en el gobierno de Piñera. La profesional fue especialmente severa con la implementación del pase de movilidad, medida que se implementó para fomentar la vacunación.

“El pase de movilidad es el nuevo permiso de vacaciones. Ambas malas ideas no respaldadas por expertos ni por evidencias. No es el momento. Antes se debe controlar la pandemia, invertir en fortalecer la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, y mejorar la comunicación”, señaló la actual jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

El actual subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, también rechazó las medidas del Gobierno anterior. Sus críticas fueron las que más marcaron al ex ministro Enrique Paris, quien en varias entrevistas recordó que fue tildado como “criminal” por sus decisiones.

La politización de la pandemia

La pandemia también se tomó el escenario político, en medio de un estallido social que seguía en curso y con miras a un proceso constituyente.

En mayo de 2020, el entonces diputado Miguel Crispi (RD) exigió que se decretara cuarentena total para la Región Metropolitana. “Aquí no se trata de compensar los ingresos que se han perdido producto de la pandemia, sino de que las familias puedan quedarse en sus casas con ingresos básicos que les permitan llevar el pan a la mesa, calefaccionarse y cuidarse”, explicó.

Posteriormente algunos representantes de la izquierda apuntaron contra las autoridades por las responsabilidades en las muertes provocadas por el COVID-19. El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, interpuso una querella en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los ex subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

Las clases presenciales también fueron objeto de debate político, ya que la oposición decidió presentar una acusación constitucional contra el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su intento de reabrir los colegios. El libelo terminó siendo desestimado en agosto de 2021.

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