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Los polémicos episodios que el general Gordon preferiría olvidar

La denuncia por una supuesta adulteración de un parte policial para favorecer a su hijo, unida a la reciente crisis por la muerte de Manuel Gutiérrez, están lejos de ser los únicos episodios polémicos en la gestión del director general de Carabineros durante este año.

Por:  El Dínamo

La denuncia de ayer por parte de Ciper, en la que se acusa al general Eduardo Gordon de adulterar un parte policial cursado a su hijo quien se habría fugado tras colisionar con el auto de Nicole Labbé, sobrina del alcalde de Providencia, viene a sumarse a una serie de episodios que han puesto en la mira la gestión del uniformado al mando de Carabineros durante este año y que terminaron con la renuncia que presentó hace pocos minutos en el Palacio de La Moneda, tal como acaba de anunciar el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Muerte de Manuel Gutiérrez (25-26 de agosto)

Pese a que se había anunciado que la institución no realizaría una investigación por la muerte del menor Manuel Gutiérrez, en la noche del 25 al 26 de julio, en la Población Jaime Eyzaguirre de Macul porque se descartaba la participación de carabineros en el procedimiento, el discurso cambió dramáticamente, en pocos días, al punto que se destituyó a nueve carabineros, entre ellos, al ex sargento segundo Miguel Millacura, acusado directamente de la muerte del joven. Si bien hasta último momento se especuló con la salida de Gordon como parte de la responsabilidad de la cadena de mando, eso no ocurrió. De hecho, el martes 30 de agosto, el general director emplazó a los funcionarios que no cumplen con los mandatos de la institución. “A aquellos que lo han usado o pretenden usarlo malamente este uniforme, por favor váyanse, porque todos los carabineros buenos vamos a estar preocupados y atentos para que se vayan y no nos hagan más daño”, afirmó.

Escuchas telefónicas y personal infiltrado ( julio)

Una denuncia del cabo (R) de Carabineros, Esteban Infante, remeció a fines de julio a Carabineros ya que aseguraba que la Dirección de Comunicaciones (Dicomcar) habría realizado escuchas telefónicas ilegales a una serie de parlamentarios, dirigentes sociales y diplomáticos, entre los que destacaban los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Guillermo Teillier (PC), Sergio Aguiló (Ind) y los senadores Alberto Espina (RN) y Alejandro Navarro (MAS). Sin embargo, Gordon salió a rechazar “categóricamente la sospecha de que Carabineros realice escuchas telefónicas ilegales. Esa no es política de la institución. Carabineros lucha contra la delincuencia y no está para violar la privacidad y la intimidad de las personas”. En agosto, junto al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el general participó en una sesión especial de la Cámara de Diputados para exponer sobre este tema además de la la utilización de personal policial infiltrado en las marchas estudiantiles.

– Muerte de dos aspirantes (1 de febrero)

Debido a un paro cardiorrespiratorio, Sebastián Andrés Pinuer Barría (19 años) y Julio Ulloa Vargas (22 años) -ambos aspirantes a Carabineros- fallecieron, el 1 de febrero, en la instrucción en un campo de la Escuela de Carabineros en Curacaví, que es utilizada para la formación de los futuros uniformados. Precisamente, esa mañana Gordon había visitado a los aspirantes, quienes en ejercicios de la tarde se desvanecieron y encontraron la muerte por causas que aún investiga la Fiscalía Militar.

– Polémica por lista de desaparecidos en tsunami (30 de enero)

El 30 de enero, el “Listado de Desaparecidos por el Tsunami” del 27 de febrero de 2010, elaborado por la fiscal Solange Huerta, dejó en una complicada situación al Gobierno: de los 25 nombres que allí aparecían, siete no figuraban en los registros oficiales que manejaba y había dado a conocer públicamente el Ejecutivo. Tal situación no sólo repetía bochornos anteriores en la misma materia, sino que ponía de manifiesto fallas en un tema de alta sensibilidad. Y los dardos apuntaron rápidamente a Carabineros, pues varios de los casos se referían a denuncias interpuestas ante la policía uniformada y que, inexplicablemente, no fueron incorporadas a la lista que hizo pública el Ministerio del Interior.

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