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Presos por colocación de bombas y delitos terroristas inician huelga de hambre líquida

Nueve reclusos de diversos penales exigen cambios en la legislación para acceder a la libertad condicional.

Los reclusos piden la reposición de la libertad condicional como un derecho adquirido de los presos. Foto: Agencia Uno/Archivo.
Los reclusos piden la reposición de la libertad condicional como un derecho adquirido de los presos. Foto: Agencia Uno/Archivo.
Por:  Carlos Escobar

Nueve reclusos condenados e imputados por delitos terroristas e instalación de bombas en diversos puntos de la capital iniciaron una huelga de hambre líquida al interior de los penales en que se encuentran.

Por medio de un comunicado, los detenidos exigen cambios al decreto de ley N°321, que rige las libertades condicionales, específicamente, la derogación del artículo 9 y reposición del artículo 1 del mismo cuerpo legal.

Su petición radica en el interés de que la libertad condicional “vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un beneficio como hoy lo estipula la ley”, señalan.

“Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional extendiéndose en algunos casos por décadas, afectando a un gran número de personas presas que ven cómo su condena se hace perpetua”, agrega el comunicado de los reclusos en huelga de hambre líquida.

Reclusos en huelga de hambre líquida

De acuerdo a lo señalado por Gendarmería, los reclusos que iniciaron la huelga se encuentran repartidos en tres recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.

En la Cárcel de Alta Seguridad se encuentra Marcelo Villarroel, quien fue condenado por robo, asociación ilícita terrorista y homicidio calificado terrorista por la muerte del cabo Luis Moyano, tras asaltar una sucursal del Banco Security en 2007. Juan Aliste, condenado por el crimen del uniformado, apoya la huelga de hambre líquida, pero no se une por motivos de salud.

Otro que forma parte del grupo es Juan Flores, condenado por su autoría en el atentado explosivo en el Subcentro de Escuela Militar, en 2014.

Francisco Solar se encuentra imputado por el envío de paquetes bombas a la 54ª Comisaría de Huechuraba y a la oficina del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en 2019. Además, se le acusa de instalar artefactos explosivos en el edificio Tánica, hecho registrado en febrero de 2020.

También inició la huelga de hambre Joaquín García, condenado por colocación de bombas en la 12ª Comisaría de San Miguel y la Escuela de Gendarmería

Mientras que en el penal Santiago Uno se encuentra José Ignacio Durán, imputado por ataques a la subcomisaría de Peñalolén; Tomás González, imputado por delitos contra la Ley de Control de Armas; Gonzalo Farías, acusado de lanzar una bomba molotov a Carabineros; y Pablo Bahamondes, acusado de instalar un artefacto explosivo en la Corporación de Asistencia Judicial en Melipilla.

Mientras que en la Cárcel Femenina de San Miguel se encuentra Mónica Caballero, quien fuera imputada junto a Francisco Solar por la instalación de bombas en el edificio Tánica.

En el pasado, la pareja de Caballero y Solar fue absuelta en el primer Caso Bombas y luego emigraron a España, donde fueron expulsados tras ser hallados culpables del delito de atentado en una iglesia.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, los huelguistas fueron llevados a las respectivas enfermerías de los centros de reclusión para tomar sus signos vitales y peso, a fin de monitorear su condición.

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