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Seis heridos dejó ataque armado a trabajadores en Tirúa

El hecho afectó a un furgón que trasladaba a trabajadores de Forestal Mininco, el que transitaba por el sector Lorcura.

Carabineros entregó detalles del ataque que afectó a los trabajadores. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Carabineros entregó detalles del ataque que afectó a los trabajadores. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Seis personas resultaron heridas en un ataque armado que se registró durante este martes en una ruta de la comuna de Tirúa, en la región del Biobío.

El hecho afectó a un furgón que trasladaba a trabajadores de la Forestal Mininco, el que transitaba por el sector Lorcura. Allí, un grupo de desconocidos disparó con perdigones en contra de las personas, quienes resultaron con diversas lesiones.

El comandante Patricio Gómez, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Cañete, explicó en declaraciones a Radio ADN que el personal policial "se trasladó al sector de Lorcura, debido a información que un grupo de trabajadores que se trasladaba en un minibús había sido víctima de un atentado”.

“Al llegar al lugar a prestar auxilio a estas personas, fueron atacados cobardemente por una grupo de encapuchados que con armas de fuego atacaron tanto al personal policial como a las víctimas existentes”, agregó.

Gomez comentó además que “una vez asegurado el sitio del suceso, personal policial trasladó de forma inmediata a los seis lesionados al centro asistencial más cercano, donde fueron atendidos”.

La delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, anunció que el Gobierno presentará acciones legales en contra de quienes resulten responsables del ataque.

Por las causas del hecho, la autoridad señaló que se presume una posible represalia por las medidas en contra del robo de madera, las que forman parte del plan de seguridad implementado por el Ejecutivo en medio del estado de excepción que rige en la Macrozona Sur.

Hace algunos días se informó de la promulgación de una ley contra el robo de madera, que entregará facultades a la Fiscalía y a las policías para confiscar camiones que trasladen el producto sustraído, obligando a los conductores a transitar con guías electrónicas, contando con un reglamento que tiene un plazo de cuatro meses para entrar en vigencia.

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