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Senado aprueba informe de Comisión Mixta para regular negocio de Felices y Forrados

La normativa indica que cualquier empresa que haga asesorías de inversión sobre fondos de pensión deberá presentar garantías y compensar las pérdidas si provoca malos resultados para los afiliados.

Foto: Agencia Uno.
Foto: Agencia Uno.
Por:  María Gabriela Salinas

La sala del Senado determinó aprobar el informe de la Comisión Mixta sobre nuevas regulaciones al mercado financiero, ley que afecta directamente al modelo de negocios de Felices y Forrados. Ahora, el texto deberá pasar a la Cámara de Diputados donde, de ser aprobado el informe, la normativa será despachada para convertirse en ley.

La iniciativa, que se encuentra hace 6 años en el Congreso, retomó su discusión a mediados de 2020, cuando el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó una disposición del Gobierno para regular las asesorías financieras respecto de los fondos de pensión, normativa que la empresa liderada por Gino Lorenzini calificó como “Ley Anti FyF”.

Entre los acuerdos a los que llegó la Comisión Mixta en la tarde del miércoles destaca que empresas como Felices y Forrados quedarán reguladas bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De esta forma, cualquier empresa que haga asesorías de inversión sobre fondos de pensión deberá estar inscrita en ambas entidades, las que en conjunto establecerán exigencias de garantías ante fraudes a los afiliados, garantías que dependerá de la empresa. Asimismo, deberán compensar las pérdidas si la asesoría provoca malos resultados para los afiliados.

Previo a la votación en sala, Felices y Forrados inició una campaña para que los senadores rechacen el artículo 4 de la ley, parte de la normativa que regula a los asesores financieros.

“Esto es una ley anti Felices y Forrados, es una ley anti Gino Lorenzini, es una ley contra la libertad de expresión”, expresó durante la noche del miércoles el fundador de compañía que también está en la mira del Servicio Electoral por una serie de listas constitucionales rechazadas por ir en contra de la ley respecto a la participación de empresas en campañas electorales.

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