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TDLC multa con US$ 6,48 millones a empresas de aviones cisterna acusadas de colusión

Del total, US$ 1,5 millones deberá asumirlo Faasa Chile y casi US$ 5 millones, Martínez Ridao. 

Las involucradas se coludieron para repartirse el mercado del combate de incendios con aviones cisterna entre 2009 y 2015. AGENCIA UNO/ARCHIVOLas involucradas se coludieron para repartirse el mercado del combate de incendios con aviones cisterna entre 2009 y 2015. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Las involucradas se coludieron para repartirse el mercado del combate de incendios con aviones cisterna entre 2009 y 2015. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada por colusión para impedir y restringir la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna entre los años 2009 y 2015.

En su sentencia, el Tribunal condenó a estas compañías a pagar una multa a beneficio fiscal de 8 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a una cifra cercana a los US$ 6,5 millones. Del total, US$ 1,5 millones deberá asumirlo Faasa Chile y casi US$ 5 millones, Martínez Ridao. 

“El acuerdo alcanzado por las Requeridas les confirió poder de mercado y con ello la aptitud de producir efectos perniciosos en la competencia en el mercado relevante. Ello por cuanto el acuerdo involucró a los dos principales oferentes del mercado y, por tal motivo, suprimió la competencia que debía existir entre ambos, aumentando consecuentemente su poder de mercado”, dice el TDLC en su decisión.

En la acusación de la FNE, acogida por el Tribunal, se señala que estas empresas acordaron actuar conjuntamente en el mercado chileno, determinando condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados para asignarse contratos.

Entre los afectados por este acuerdo se cuentan instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), así como algunas empresas forestales privadas.

La investigación de la Fiscalía comenzó en febrero de 2017, tras conocerse información de prensa sobre un acuerdo detectado en España y que algunas de las investigadas llevaron este acuerdo a Portugal, Italia, Francia y Chile. De esas compañías, únicamente las sentenciadas han prestado servicios de extinción de incendio en el territorio nacional.

En las pesquisas, que incluyeron un allanamiento a las oficinas de las investigadas, la FNE obtuvo antecedentes sobre reuniones y comunicaciones sostenidas entre ejecutivos de estas empresas para discutir sobre la participación de cada una en el mercado afectado.

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