Política

Comisión rechazó procedencia de la acusación constitucional en contra del ex ministro Allamand

Desde la comisión expresaron que el libelo no permite determinar la responsabilidad política o jurídica del ex canciller en la crisis migratoria en el norte.

El diputado Roberto Arroyo (PDG), uno de los autores de la acusación, expuso los argumentos del libelo. AGENCIA UNO
El diputado Roberto Arroyo (PDG), uno de los autores de la acusación, expuso los argumentos del libelo. AGENCIA UNO

La comisión de la Cámara de Diputados encargada de analizar la acusación constitucional en contra del ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, rechazó, por un voto en contra y tres abstenciones, la procedencia del libelo acusatorio.

En la votación, el diputado Jorge Brito (RD) se abstuvo. Señaló que es importante derivar determinados antecedentes a otras instituciones, ya que escapan de la competencia de la comisión. Por su parte, el diputado Cristián Labbe (UDI) votó en contra. Subrayó que la medida carece de fondo y que faltaron pruebas.

La diputada Catalina Pérez (RD) se abstuvo en su votación. Manifestó que no se han presentado elementos necesarios para formarse la convicción de que existe una responsabilidad política o jurídica. No obstante, estimó que la conducta del ex ministro es totalmente reprochable.

Finalmente, el presidente del grupo legislativo, Jaime Araya (IND), consideró que se trata de un juicio de naturaleza política y dista de un juicio jurídico. Lo que uno podría decir, acotó, es “buscar una suerte de justicia constitucional por responsabilidad, que no es lo mismo que ajusticiar al ex ministro”.

Planteó que, al tenor de la acusación, la falta de comparecencia de testimonios (alcaldes y gobernadores) aparece de manifiesto lo difícil que ha sido comprobar los hechos que se alegan. Sin embargo, agregó, surge la inquietud de por qué no se invocaron otras causales respecto de la inejecución de las leyes. Igualmente, respecto de un posible conflicto de probidad por las actuaciones del canciller por, eventualmente, hacer prevalecer su interés personal por sobre el general.

El diputado Roberto Arroyo (PDG), uno de los autores de la acusación, expuso los argumentos del libelo. Se refirió a la cantidad de informaciones en numerosos medios y las entrevistas a los alcaldes de la zona norte, que expresaron la grave situación vivida.

Puntualizó que las imágenes mostraban cómo, diariamente, cruzaban más de 500 personas sin control. Incluyó las declaraciones del fiscal del Ministerio Público de Tarapacá e hizo un detalle de las expresiones de alcaldes de las comunas del norte.

A su juicio, el descontrol se debe al abandono de las autoridades del momento, como el ex ministro Allamand. Junto a ello, la complicidad con otras instituciones que le daban el carácter de refugiados a quienes ingresaban irregularmente. Precisó que “su renuncia se produce mientras estaba ya en los hechos en otro cargo”, esta vez, de carácter internacional.

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