Política

Convencionales del PC y ex Lista del Pueblo presentan propuesta para regular ejercicio de periodistas y medios de prensa en nueva Constitución

Aún cuando pareciera una obviedad, el documento señala, en relación al oficio periodístico, que los medios de prensa “tienen la responsabilidad social y la obligación de difundir información veraz”. Para ello se crearía un Consejo especial encargado de “velar” por la ortodoxia de los contenidos informativos. 

La constituyente Valentina Miranda (PC) fue la encargada de leer la propuesta que regularía la libertad de prensa en la Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La constituyente Valentina Miranda (PC) fue la encargada de leer la propuesta que regularía la libertad de prensa en la Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO

“En atención a los intereses sociales involucrados en la difusión de información, se justifica la imposición de determinados deberes y límites”. La sentencia pertenece a una moción redactada por convencionales constitucionales del Partido Comunista y de la ex Lista del Pueblo, que aborda lo que consideran el correcto ejercicio de la libertad de prensa.

En ese marco, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional comenzó este lunes a abordar materias vinculadas a los derechos civiles y políticos asociados al ejercicio profesional de los medios de comunicación, periodistas y profesionales del rubro informativo. En la instancia discutieron también materias como la libertad de conciencia, de religión, el derecho de emitir opiniones y la libertad de prensa.

En ese contexto, se presentó una propuesta que según se expuso busca consagrar el derecho a la libertad de opinión, a la creación artística, a la información y la comunicación.

La norma fue leída íntegramente durante la sesión. En la misma línea, se precisó para la Comisión es relevante mantener la consagración constitucional de la libertad de informar, por lo cual el texto hace hincapié en que el funcionamiento y la administración de los medios de comunicación social no debe quedar restringido solamente bajo las leyes del libre mercado y la oferta y demanda de información periodística o de interés público.

Consejo velará por “obligación de difundir información veraz”
 

En el contenido de la propuesta se hace referencia a que el Estado, las instituciones privadas y públicas, personas naturales o jurídicas tienen el derecho a fundar, crear, o mantener desarrollo de medios informativos garantizando el pluralismo.

Junto con ello, se precisa que esa labor debe hacerse  “prohibiendo todo monopolio oligopolio estatal o privado sobre los medios tanto en su propiedad, financiamiento o el control” editorial e informativo.

Aun cuando pareciera una obviedad, más abajo, el documento señala, en relación al oficio periodístico, que los medios de prensa “tienen la responsabilidad social y la obligación de difundir información veraz” (sic).

El documento manifiesta que será una ley de mayoría simple la que establecerá la rectitud de la organización, sus funciones, atribuciones del ente revisor de medios de prensa y comunicación.

Unos párrafos más adelante, en el proyecto se menciona que también el Estado adoptará medidas para garantizar el establecimiento de medios de comunicación e información indígena “incluso reconociendo cuotas sobre el espectro radioeléctrico” para emisiones de señales de radio y televisión.

Ex abanderado Daniel Jadue propuso regulación similar en programa de primarias
 

La idea no es nueva. En junio de 2021, el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, presentó una propuesta para una nueva ley de medios y un organismo que se encargaría de supervisar a los medios de comunicación.

En uno de los debates de primarias con Gabriel Boric, organizado por CNN Chile y Chilevisión, consultado sobre qué organismo se encargará de supervisar a la prensa y el derecho a la información, Jadue afirmó:  “Un consejo ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”.

Poco después, el edil precisó que su idea consideraba una serie de sanciones y que el término de las concesiones es la más alta, dado que el espacio radiofónico y televisivo es propiedad del Estado. En el caso de diarios, apuntó a que "el avisaje del Estado se reparta entre los medios más pequeños e independientes".

Tal como en algún momento lo propuso el abanderado comunista, la actual iniciativa también establece la creación de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación Social que sea “autónomo y con personalidad jurídica de derecho público representativo de los diversos tipos de medios”.

El texto fue respaldado por la presidenta de la convención constitucional María Elisa Quinteros y por sus pares Natalia Henríquez, Lidia González, Jenny Meneses, Isabel Mamani, Giovanna Grandón y la Machi Francisca Linconao.

La propuesta del grupo de convencionales ha desatado controversia entre los 155 representantes de la instancia, los medios y los reporteros apostados en la sede de la Convención Constitucional. Algunos de los representantes elegidos para la redacción de la Carta Magna hasta agosto pasado se negaban a hablar con algunos medios de prensa, entre ellos Ingrid Villena, señalando que su “prioridad eran los medios independientes”.

El sistema empleado por Saddam Hussein y Hugo Chávez
 

En los días previos al 21 de marzo de 2003, cuando comenzó la guerra en Irak, por las calles de Bagdad, funcionarios del Ministerio de Informaciones, escoltaban a reporteros para velar que entregaran la “información correcta” a las audiencias, en la antesala de la invasión de la coalición liderada por Estados Unidos al país árabe.

En la iniciativa de los convencionales —tal como entonces lo impuso Saddam Hussein, a través del partido socialista panárabe Baas—, se contempla que exista también órgano estatal, que sea el “encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los medios de comunicación”. Ello, aunque sin precisar la forma en que operará esa forma ortodoxia periodística.

En Venezuela, en tanto, en 2010, fue aprobada por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, una ley establece sanciones en caso de que cualquier contenido que “cuestione a la autoridad legítimamente constituida”.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), fue el ente creado para “velar” como regulador de telecomunicaciones. Entre las sanciones establecidas se cuenta el cierre de concesiones.

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