Política

Corte de Apelaciones revoca prisión preventiva de ex alcalde Miguel Ángel Aguilera

Tras un año en la cárcel, la medida cautelar fue revertida.

El ex alcalde deberá cumplir con la medida cautelar de arraigo domiciliario total, a la espera de la audiencia el próximo 25 de julio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El ex alcalde deberá cumplir con la medida cautelar de arraigo domiciliario total, a la espera de la audiencia el próximo 25 de julio. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La Corte de Apelaciones de San Miguel revirtió la prisión preventiva que mantenía Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de San Ramón, quien se encuentra acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos, durante su gestión como jefe comunal.

Ahora Aguilera deberá cumplir con arresto domiciliario total, quedando a la espera del 25 de julio, cuando se discutirá si la causa se termina en un juicio abreviado, lo que le permitiría cumplir la pena en libertad. El caso será visto por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

La medida fue revertida luego de que el abogado de Aguilera presentara una apelación. A través de un escrito de su defensa, el abogado Mario Vargas, se expresa que los delitos por los que está siendo investigado el ex alcalde no tendrían pena de cárcel, esto tras el acuerdo para un juicio abreviado con fiscalía en el que tampoco se incluiría una pena punitiva.

“Han variado considerablemente las circunstancias desde que se decretó la prisión preventiva del señor Aguilera, toda vez que hoy en día no estamos hablando de una pena de crimen a imponerle en el futuro”, se leía en la apelación.

El actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, señaló que el municipio llegará hasta el final con esta causa, porque los vecinos merecen que se haga justicia.

Delitos de corrupción

El caso fue dado a conocer en 2018, cuando un reportaje de Informe Especial reveló los nexos entre Aguilera y una banda de narcotráfico. El caso le costó al ex alcalde su expulsión del Partido Socialista y se abrió una investigación en su contra. 

Un dictamen de Contraloría, cursado en 2020, dio cuenta de que, durante la administración de Aguilera, se realizaron 61 contratos como funcionarios públicos a personas que contaban con antecedentes penales, que los inhabilita para ejercer cargos públicos. 

La prisión preventiva fue decretada el 26 de julio del año pasado, por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, mismo que ahora deberá conocer su futuro. 

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