Política

Expulsión de forestales u ocupación territorial: el ultimátum de 6 meses a Gabriel Boric en La Araucanía

Las agrupaciones exigen la liberación de los llamados “presos políticos mapuche”, la salida de la zona de la empresas forestales y la restitución de terrenos. 

Las comunidades agrupadas en Ad Mapu indicaron que si se cumplen estas condiciones, se sentarán en una mesa de diálogo con La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVOLas comunidades agrupadas en Ad Mapu indicaron que si se cumplen estas condiciones, se sentarán en una mesa de diálogo con La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Las comunidades agrupadas en Ad Mapu indicaron que si se cumplen estas condiciones, se sentarán en una mesa de diálogo con La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Comunidades mapuche de La Araucanía lanzaron un ultimátum al Presidente Gabriel Boric, dándole un plazo de seis meses para cumplir su petitorio, en caso contrario, anunciaron la ocupación territorial de más de 500 hectáreas pertenecientes a privados.

Las agrupaciones exigen la liberación de los llamados “presos políticos mapuche”, la salida de la zona de la empresas forestales,  restitución de terrenos, indemnizaciones y fin de la militarización en la macrozona sur. 

Las comunidades agrupadas en Ad Mapu indicaron que si se cumplen estas condiciones, se sentarán en una mesa de diálogo con La Moneda.

Santos Millao indicó que el Ejecutivo debe abrirse a conversar incluso con las comunidades en resistencia, junto con defender los disparos con los cuales fue recibida la comitiva de la ministra Izkia Siches cuando se dirigía a Temucuicui, ya que no respetó los protocolos mapuche.

En tanto, la werkén de Lonoche, Verónica Cifuentes, fue quien dio el plazo de seis meses para que el Ejecutivo les entregue las tierras que buscan ser reivindicadas, en caso contrario procederán a su ocupación.

“Como comunidades no nos vamos a reunir con ellos (…) si de aquí a seis meses no se realiza la compra, nosotros haremos control territorial, apoyados por todas las ORT (órganos de resistencia territorial) con las que tenemos contacto”, declaró a radio Biobío.

Las comunidades apuntan a tomar el control de más de 500 hectáreas, que en la actualidad son propiedad de empresas forestales. 

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