Política

Islandia: el país que demandó una nueva constitución y quedó inconclusa

El 2009 esa nación vivió una serie de revueltas que terminaron siendo canalizadas en un proceso constituyente, sin embargo, la nueva propuesta nunca fue aceptada. 

Previo al Plebiscito de Salida de este domingo, el caso de Islandia y Chile están llenos de paralelos.
Previo al Plebiscito de Salida de este domingo, el caso de Islandia y Chile están llenos de paralelos.

Tras la crisis económica del 2008, Islandia, un país de poco más de 360 mil habitantes, ubicado al norte del Reino Unido, fue objeto de una serie de revueltas durante el año 2009, las cuales tenían como principal objetivo el Gobierno, al cual acusaban de haber tomado una postura muy poco activa durante el manejo de la crisis bancaria.

Caso similar al chileno. Una revuelta social motivada por una sensación de injusticia y desamparo contra un gobierno que es visto como distante e inefectivo.

“Muchas de las demandas tenían que ver con el rol más bien pasivo del Estado y había una fuerte crítica del poder del capital global, que se repetía en toda Europa, que más menos hacía inoperantes a los estados para poder absorber las demandas de la ciudadanía. Y no había una demanda propiamente tal por una nueva constitución en Islandia, sino que fue la manera en que el sistema político termina respondiendo”, explica Domingo Lovera, codirector del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales.

En el caso islandés, el tema encontró una salida por medio de un proceso constituyente, que buscaba relegitimizar a los poderes fácticos y dar un nuevo ordenamiento jurídico, que era lo que las personas estaban pidiendo, puesto que estaban siendo manejados por la misma desde 1944, cuando se separaron de Dinamarca.

Y nuevamente, siguiendo los paralelos pero más de una década después, se decide seguir un camino de convención constituyente que representara la nueva conformación demográfica del país.

Tras un intento que no tuvo éxito, los partidos de la coalición decidieron enviar una propuesta al Parlamento que proponía la creación de una Asamblea Constituyente, la que fue aprobada por el Congreso y en la que se especificaba el período en que debería funcionar su mandato. También se estableció la creación de una Comisión Constitucional, que precediera y facilitara el trabajo de la Asamblea.

Proceso de un año

Fue así como en 2010 se dio inicio al proceso. Se nombró a la Comisión Constitucional compuesta por siete miembros, los que llamaron a un Foro Nacional. Para ello se realizó una selección aleatoria de mil personas del total de la población del país, bajo ciertos criterios que permitieron respetar la diversidad territorial y de género.

De esta forma se gestó una nueva carta magna, la cual fue presentada a la ciudadanía en un referendo no vinculante, que fue aprobado por el 67%. El problema es que hasta ahora el Parlamento no lo ratifica.

“Por una serie de cuestiones peculiares del caso. Por ejemplo, que hay una regulación en la Constitución de Islandia, el artículo 79, conforme al cual, cuando se introducen reformas a la Constitución, una vez que son aprobadas, debe disolverse el Parlamento y convocarse a nuevas elecciones, para ver si hay consistencia electoral para las propuestas de reforma constitucional que se están aprobando. Y en este caso, el partido que gana las elecciones es el que siempre había estado en oposición al reemplazo de la constitución, desde un comienzo. Como ganaron, el proceso legislativo por el cual se canalizaron las propuestas no tuvo éxito”, explica Lovera.

Es así, como hasta el día de hoy, una parte de la población todavía piden que se apruebe la nueva Carta Magna, Islandia sigue regida por la misma que tuvo antes del proceso constituyente, antes de las revueltas.

Consultado sobre si ese sería el destino de Chile en caso de ganar el Rechazo, Lovera cree que no es factible, dado que “acá vamos a tener una mucho mayor participación. En el referéndum islandés solo participó algo así como el 40%. Acá se espera que sea mucho más, por lo que el mensaje que se entrega a la clase política es que sí hay un real interés en cambiar la constitución vigente, independiente del resultado que gane”. 
 

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