Un punto para Cristina Fernández en su guerra con el El Clarín

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios audiovisuales cuestionados por el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y pidió a la Corte Suprema que revoque un fallo anterior, de carácter opuesto.

Gils Carbó consideró que la resolución de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucionales dos artículos de la ley resultó “arbitraria” y “es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas”, según el dictamen difundido hoy por la página web del Ministerio Público Fiscal.

A juicio de la procuradora general argentina, el fallo de la Cámara Civil “asigna a la libertad de expresión un contenido decimonónico que se limita a prohibir la intervención del Estado en la esfera privada del individuo y relega la contracara de ese derecho, que demanda una protección activa del Estado”.

Además, Gils Carbó acusó a los integrantes de esa cámara de tener “una visión parcializada del conflicto” entre el Gobierno argentino y el grupo Clarín, “que se revela en el notable énfasis que pone en preservar los intereses patrimoniales de los demandantes, sin que se advierta igual tesón en respetar los derechos de la ciudadanía a contar con una mayor pluralidad informativa, de ideas y de contenidos”.

La Cámara Civil y Comercial Federal determinó el pasado abril la inconstitucionalidad de dos artículos, el 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma, pero el Gobierno argentino apeló el fallo.

La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa, abierta a petición del grupo Clarín hace más de tres años.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.

Sucesivas medidas cautelares dictadas por la Justicia la han mantenido parcialmente suspendida hasta la fecha.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.

Clarín, el grupo más afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene artículos elaborados como “un traje a medida” con el objetivo de “desguazar” al mayor multimedia del país.