UDI respalda al Gobierno y presenta medidas para regular relación entre política y negocios

El día de ayer la UDI anunciaba que en la reunión que se sostendría durante se discutiría el documento que el jefe de bancada, Felipe Ward, le enviaría a la Presidenta Michelle Bachelet con preguntas para que aclarara el denominado caso Caval, en el que se vio envuelto su hijo Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, luego de que el Banco de Chile le otorgara un millonario crédito con $6.500 millones para el financiamiento de un negocio inmobiliario. Esto, ante un eventual acuerdo político que permita dar una salida institucional a la crisis que enfrenta la clase política tras los escándalos Penta-SQM y el caso Caval.

Pero Ward hizo caso omiso y envió el cuestionario a través de Transparencia, donde además señaló que “me parece necesario esperar la respuesta a ese oficio, para continuar desarrollando junto a RN, otras instancias, y si es necesario, conformaríamos una comisión investigadora”.

Sin embargo estas palabras no hicieron eco dentro del partido ya que en la comisión política realizada durante la tarde de ayer en la tienda de Suecia, se resolvió por unanimidad respaldar el llamado de la Mandataria de avanzar en un marco regulatorio para normar la relación entre política y negocios, descartando así la creación de una comisión investigadora. Estas señales fueron tomadas tanto en la oposición como en el oficialismo como un acercamiento entre la UDI y el Gobierno para buscar acuerdos que permitan perfeccionar la legislación vigente, sin perjuicio de que sigan desarrollándose las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

Ernesto Silva entregó una serie de propuestas que fueron trabajadas desde hace algunos días con dirigentes históricos de la colectividad como Andrés Chadwick, Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma, y responden a los acercamientos que ha habido con el Gobierno, según consignó El Mercurio.

Entre las medidas se encuentran crear una superintendencia de partidos o aumentar las facultades fiscalizadoras del Servel; sanciones ejemplificadoras a la vulneración del gasto electoral, incluso con la pérdida del puesto de elección popular; transparencia de financiamiento y gastos políticos, y una nueva regulación de aportes privados y estatales a partidos y candidatos.

Respecto a la separación de la política y los negocios, se planteó perfeccionar la declaración de intereses de patrimonio; ampliar la exigencia de fideicomisos obligatorios; ampliar las atribuciones de la Contraloría para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones señaladas; establecer sanciones penales y políticas más severas al enriquecimiento personal mediante el uso de información confidencial; controlar las contrataciones que se realicen en el sector público, y establecer normas que regulen y sancionen las conductas indebidas de las autoridades en periodos electorales.