Sin acceso a beneficios: el drama de las trabajadoras de casas particulares durante la pandemia
Las trabajadoras han visto como sus fuentes laborales suspenden los contratos o directamente las despiden ante la emergencia del coronavirus COVID-19.
Por Brenda Martínez
Una compleja situación viven miles de trabajadoras de casas particulares a nivel nacional, debido a la pandemia del COVID-19, que mantiene a muchas comunas confinadas.
Durante los meses que el país ha sido azotado por la pandemia, se han implementado una serie de beneficios y proyectos que pretenden ayudar a económicamente a las familias que han quedado sin trabajo o han disminuido bruscamente sus ingresos. Sin embargo, y de acuerdo a lo señalado por dirigentes del sector, las trabajadoras no pueden acceder a dichos beneficios.
Tras diversas solicitudes presentadas al Ministerio del Trabajo y Previsión Social por las organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap, Fesintracap, Anecap y Sinducap) se logró que se presentaran algunas indicaciones al proyecto de Ley de Protección del Trabajo, incorporando a personas que hayan visto suspendidas sus labores.
De acuerdo a lo detallado, las mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado y que son jefas de hogar, con una familia de cuatro integrantes, y son suspendidas de su trabajo y cuentan con contrato, tendrán que recurrir a la AFP a retirar sus fondos de la indemnización, debido a que no tienen derecho al Seguro de Cesantía.
Ante esto, se precisó que el gobierno las subsidiaría a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para alcanzar los 400 mil pesos una vez que realicen el retiro del 10% de los fondos de sus AFP, pero si ese monto de indemnización excede esa cantidad, la trabajadora no accederá al IFE.
María Cotal Neira, Presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) explicó a EL DÍNAMO que estas medidas son insuficientes frente a sus necesidades.
“Nuestro sector se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia, pero aparte de eso nos ha golpeado la otra pandemia, la indiferencia del Estado de Chile (…) las trabajadoras no califican para el IFE por ser trabajadoras de clase media y no califican para el bono de clase media porque no declaramos renta“, explica Cotal.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta el momento se han registrado cerca de 150 mil trabajadoras despedidas, y otras 30 mil vieron suspendidos sus contratos.
“Estas trabajadoras no está recibiendo ningún ingreso económico, porque nuestra cuenta personal que tenemos en la AFP por concepto de indemnización por años de servicio, que equivale a un 4,11% del sueldo imponible -que generalmente es por el sueldo mínimo- es una cantidad insuficiente hasta para cubrir un mes de renta”, argumenta la dirigente.
En ese sentido, asegura que “nuestras compañeras están completamente abandonadas por la sociedad y por el Estado (…) el Gobierno hace oídos sordos e impone su propia voluntad”.
Un acuerdo traicionero
María José Cotal sostuvo que durante estos meses han logrado reunirse con autoridades; sin embargo, no han logrado llegar a acuerdos que signifiquen una solución concreta a sus demandas.
Cotal detalló que se reunieron con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y con el subsecretario de la cartera, Fernando Arab, quienes se habrían comprometido a ingresar una indicación para que no se considerara el retiro del 4,11% como ingreso.
“Nosotros les explicamos que era un monto muy bajo. Entonces se comprometieron a no considerar este monto para que las trabajadoras puedan tener acceso al IFE (…) se llegó a la Comisión de Hacienda y se negaron a patrocinar la indicación. O sea, por un lado nos ilusionan y se comprometen, mientras que por otro lado nos traicionan”, argumenta.
La presidenta de la Fesintracap sostiene que ya no saben “qué esperar” del Gobierno, y que siguen con la esperanza de llegar a un acuerdo.
Cotal aseguró además que junto con algunos parlamentarios están preparando un proyecto de ley que les permita tener acceso al Seguro de Cesantía y al Fondo Solidario de Cesantía.
“No lo hacemos por capricho, es un derecho que nos da el Convenio 189 que Chile ratificó el 2015, en el cual el Estado se obliga a que las trabajadoras de casa particular queden en igualdad de condiciones como el resto de los trabajadores, sin reglas discriminatorias”, argumenta.
“En esta pandemia, este Gobierno de turno no ha respetado ese convenio, y nos ha excluido de cualquier protección del Estado (…) se ha negado sistemáticamente a escucharnos, y cuando nos ha escuchado es solamente un saludo a la bandera, no se consideran nuestros planteamientos”, concluye la presidenta de la Fesintracap.
